Contexto y antecedentes del conflicto

El conflicto surgió entre el Juzgado Veintinueve Civil Municipal de Cali y el Juzgado Cuarenta y Tres Civil Municipal de Bogotá, en relación con el conocimiento de un proceso ejecutivo hipotecario promovido por una entidad pública financiera nacional contra un ciudadano. La demanda fue inicialmente presentada ante el juzgado de Cali, en donde se solicitó la ejecución de un pagaré garantizado con hipoteca sobre un inmueble ubicado en dicha ciudad, con embargo y secuestro del bien. Sin embargo, el juzgado de Cali rechazó la demanda por falta de competencia, argumentando que, conforme al numeral 10 del artículo 28 del Código General del Proceso, la competencia privativa corresponde al juez del domicilio de la entidad pública demandante, en este caso, Bogotá. Por su parte, el juzgado de Bogotá manifestó que no le correspondía conocer el proceso, promoviendo el conflicto de competencia ante la Corte Suprema de Justicia, basándose en el artículo 665 del Código Civil que señala como competente al juez del lugar donde se encuentre el bien objeto de hipoteca.

Consideraciones jurídicas de la Corte Suprema

La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de su competencia para resolver conflictos negativos entre juzgados de distintos distritos judiciales (artículos 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996), analizó las reglas de competencia territorial y subjetiva aplicables. El análisis se centró en la concurrencia entre dos fueros privativos previstos en el numeral 7º y 10º del artículo 28 del Código General del Proceso:

• El fuero territorial del juez del lugar donde se ubica el bien objeto de un derecho real (numeral 7º), aplicable en procesos ejecutivos hipotecarios.
• El fuero subjetivo privativo del juez del domicilio de la entidad pública parte en el proceso (numeral 10º).

Para resolver esta concurrencia, la Corte recordó la prevalencia de la competencia basada en la calidad de las partes, conforme al artículo 29 del mismo Código, que establece que las reglas de competencia por materia o calidad de las partes prevalecen sobre las reglas territoriales. La jurisprudencia ha sostenido que esta prelación busca proteger la validez del proceso, dando primacía al factor subjetivo (domicilio de la entidad pública) sobre otros factores territoriales. En consecuencia, cuando una entidad pública es parte en un proceso ejecutivo hipotecario, la competencia privativa corresponde al juez del domicilio principal o de la sucursal o agencia vinculada al asunto, dejando en un segundo plano la ubicación del inmueble gravado.

Decisión final

La Corte Suprema de Justicia resolvió que el Juzgado Cuarenta y Tres Civil Municipal de Bogotá es competente para conocer del proceso ejecutivo hipotecario promovido por la entidad pública financiera nacional contra el particular. Se ordenó notificar esta decisión al juzgado de Cali y remitir el expediente al juzgado competente en Bogotá para la continuación del proceso. Esta providencia reafirma la importancia de la regla de competencia basada en la calidad de las partes en los procesos contenciosos en Colombia, especialmente cuando involucran entidades públicas y derechos reales como la hipoteca. Además, clarifica que, aunque el inmueble esté ubicado en una jurisdicción distinta, el fuero del domicilio principal de la entidad pública prevalece en estos casos, garantizando un criterio uniforme para la asignación de competencia en procesos ejecutivos hipotecarios. Con esta decisión, se busca evitar dilaciones procesales y asegurar una administración de justicia más eficiente y coherente en materia hipotecaria.