Contexto y antecedentes del conflicto

El conflicto de competencia se originó en un proceso ejecutivo iniciado por una sociedad comercial contra un demandado, mediante el cual se reclamaba el pago de un pagaré. La demanda fue inicialmente presentada ante el Juzgado de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá, bajo la premisa de que dicho juzgado era competente por ser el lugar señalado en el título valor para el cumplimiento de la obligación. Sin embargo, el Juzgado Cuarenta de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá rechazó la demanda por considerar que no tenía competencia territorial, dado que el pagaré no especificaba claramente el lugar de cumplimiento de la obligación y el domicilio del demandado se ubicaba en Itagüí. Posteriormente, el Juzgado Segundo de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Itagüí manifestó que tampoco tenía competencia para conocer el proceso y promovió el conflicto de competencia ante la Corte Suprema de Justicia, planteando que el lugar de cumplimiento de la obligación era Bogotá conforme a la elección del demandante.

Fundamentos jurídicos de la decisión

La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia fue la encargada de resolver este conflicto de competencia entre juzgados de diferentes distritos judiciales —Bogotá y Medellín— en aplicación de los artículos 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificada por la Ley 1285 de 2009. Para definir la competencia territorial, la Corte recordó que, en general, el juez competente es el del domicilio del demandado (artículo 28 numeral 1º del Código General del Proceso). No obstante, en procesos ejecutivos derivados de títulos valores, es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones (artículo 28 numeral 3º). En el presente caso, el pagaré no consignaba expresamente el lugar de cumplimiento, limitándose a indicar que el pago sería en la “ciudad y dirección indicados”, sin precisión. Ante esta omisión, resultó aplicable la regla supletoria del artículo 621 del Código de Comercio, que establece que si no se menciona el lugar de cumplimiento o ejercicio del derecho, será el domicilio del creador del título. La Corte concluyó, con base en la interpretación de dichas normas, que el creador del título valor es el deudor y, por ende, la competencia corresponde al juzgado del domicilio del deudor. En consecuencia, se declaró competente al Juzgado Segundo de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Itagüí, conforme al domicilio del demandado.

Decisión y efectos procesales

El auto de la Corte Suprema de Justicia resolvió lo siguiente:

• Declarar competente al Juzgado Segundo de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Itagüí para conocer del proceso ejecutivo.
• Notificar la decisión al Juzgado Cuarenta de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá.
• Remitir el expediente al juzgado competente y adelantar las diligencias correspondientes.

Esta providencia reafirma la aplicación práctica de las normas de competencia territorial en procesos ejecutivos, destacando la relevancia del domicilio del deudor y la interpretación de los títulos valores para la determinación del juez competente. De esta manera, se garantiza seguridad jurídica y claridad en la administración de justicia, evitando la dilación de los procesos por conflictos de competencia.