Contexto y tribunal que profiere la decisión
La providencia fue emitida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en segunda instancia, dentro de un proceso ordinario laboral. El litigio se originó en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, que emitió una sentencia sobre el traslado de un afiliado del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida (RSPMPD) al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS).
Antecedentes fácticos y procesales
El afiliado promovió demanda ordinaria laboral contra la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) y la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías (AFP) con el propósito de que se declarara la ineficacia de su traslado del RSPMPD al RAIS. Solicitó además la devolución y traslado a Colpensiones de los valores acumulados en su cuenta individual, con sus respectivos intereses y rendimientos financieros.
El Juzgado Laboral de primera instancia declaró la ineficacia del traslado y ordenó que el afiliado se mantuviera vinculado al Régimen Solidario, condenando a la AFP a trasladar los valores acumulados a Colpensiones, incluidos los aportes, rendimientos y los valores recibidos para gastos de administración.
En apelación, la Sala Laboral del Tribunal Superior modificó la sentencia, ordenando que la AFP debía efectuar el traslado de los valores de la cuenta individual junto con los rendimientos financieros, gastos de administración y otros conceptos, asumiendo dichos costos con recursos propios y presentando un detalle pormenorizado de los rubros.
La AFP interpuso recurso de casación, el cual fue negado por el Tribunal con fundamento en que las sumas ordenadas a trasladar pertenecen al afiliado y no integran el patrimonio de las entidades demandadas, por lo que no existía interés jurídico para recurrir.
Frente a esta negativa, la AFP presentó recurso de reposición y subsidariamente de queja. Alegó que los gastos de administración tienen una destinación específica y que ya no estaban en su poder, y aportó cálculos para demostrar el interés económico para recurrir. Sin embargo, la Sala consideró que el monto alegado no superaba el umbral legal de 120 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV) para la procedencia del recurso extraordinario.
Consideraciones jurídicas
La Sala recordó que para la viabilidad del recurso de casación se requiere: i) que se dirija contra una sentencia de segunda instancia en proceso ordinario; ii) que se interponga dentro del término legal; y iii) que exista interés económico para recurrir, definido como un perjuicio superior a 120 SMMLV al momento del fallo.
Se enfatizó que las cantidades acumuladas en la cuenta individual y sus rendimientos no forman parte del patrimonio de la AFP, sino que pertenecen al afiliado, por lo que no generan interés económico para recurrir en casación.
Respecto a los gastos de administración, comisiones, primas de seguro y sumas para el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, la AFP no aportó evidencia suficiente para acreditar que estos montos superaran el umbral de procedencia.
Además, se aclaró que la solicitud de terminación anticipada del proceso, basada en la vigencia de una norma reglamentaria que permite finalizar procesos litigiosos cuando se ha efectuado el traslado, no corresponde a la competencia de la Corte en sede de casación, sino que debe ser resuelta por los jueces de instancia.
Decisión final
La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, resolvió:
- Declarar bien denegado el recurso de casación presentado por la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías.
- Rechazar la solicitud de terminación del proceso elevado por dicha administradora.
- Devolver las actuaciones al Tribunal de origen para los fines correspondientes.
- No imponer costas en este recurso.
Con esta decisión, se reafirma la protección de los derechos de los afiliados a los fondos de pensiones y se establece un precedente importante sobre la interpretación de los intereses económicos para recurrir en procesos relacionados con el traslado entre regímenes pensionales. La Corte Suprema de Justicia enfatiza la responsabilidad de las administradoras en la correcta gestión de los recursos acumulados y la necesidad de garantizar la transparencia y legalidad en estos procesos.
