Tribunal y naturaleza de la decisión

La providencia fue proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en segunda instancia, mediante un auto fechado en junio de 2025, que resuelve un recurso de queja interpuesto contra un auto previo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar. La decisión declara bien denegado el recurso extraordinario de casación planteado en un proceso ordinario laboral.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso se originó tras una demanda interpuesta contra la Caja de Compensación Familiar de Córdoba, en la que la actora solicitaba que se declarara la existencia de un contrato de mandato y, en consecuencia, se ordenara el pago de honorarios profesionales conforme a una tarifa estipulada por el colegio nacional de abogados, incluyendo actualización monetaria e intereses de mora. En primera instancia, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Valledupar absolvió a la entidad demandada, declarando la falta de legitimación en la causa por pasiva. La parte demandante apeló, pero la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Valledupar confirmó la sentencia y ordenó el pago de costas a la demandante. Posteriormente, la parte actora interpuso recurso extraordinario de casación, el cual fue inicialmente denegado por el Tribunal Superior bajo el argumento de que las pretensiones económicas no estaban debidamente especificadas ni probadas, lo que impedía cuantificar el agravio sufrido. Frente a esta decisión, se interpuso recurso de queja, que fue concedido para su estudio por la Corte Suprema de Justicia.

Consideraciones jurídicas de la providencia

La Sala recordó que la admisión del recurso de casación exige, entre otros requisitos, la acreditación del interés económico para recurrir, definido como que la cuantía de la demanda o del agravio supere cierto umbral legal —específicamente, ciento veinte veces el salario mínimo legal mensual vigente al momento de la sentencia— conforme al artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social modificado por la Ley 712 de 2001. Se enfatizó que este interés económico debe estar determinado o ser determinable objetivamente, lo cual implica que el recurrente debe aportar prueba concreta y suficiente que permita cuantificar el perjuicio económico alegado. En este caso, la petición inicial de cuantía aproximada de mil doscientos millones de pesos fue considerada una estimación genérica, sin respaldo probatorio detallado ni explicación sobre la base real del cálculo ni la tarifa específica aplicada. Por tanto, la Sala concluyó que no se cumplió con la carga probatoria necesaria para demostrar que las pretensiones superan el interés económico mínimo para acceder al recurso extraordinario de casación, lo que fundamentó la decisión de negar el recurso.

Decisión final

La Corte Suprema de Justicia declaró bien denegado el recurso de casación interpuesto contra la sentencia confirmatoria del Tribunal Superior de Valledupar y ordenó la devolución del expediente al tribunal de origen. No se impusieron costas adicionales debido a la ausencia de oposición en esta instancia. Esta decisión reafirma la exigencia de criterios estrictos para la procedencia del recurso de casación en materia laboral, en particular respecto a la acreditación clara del interés económico, en aras de garantizar la eficacia y racionalidad del sistema judicial.