Contexto y origen de la providencia

La Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Penal, emitió un auto que resolvió el recurso de reposición presentado contra la inadmisión de una demanda de revisión penal. La demanda fue interpuesta por la defensa de un condenado a prisión por el delito de homicidio agravado, relacionada con hechos ocurridos en Medellín en 2005. El condenado fue inicialmente sentenciado en primera instancia y posteriormente absuelto en segunda instancia, pero la Corte Suprema revocó esta absolución mediante sentencia de casación, confirmando la condena y aumentando la pena inicialmente impuesta. La demanda de revisión buscaba, entre otros aspectos, la redosificación de la sanción penal, alegando la existencia de una causal de revisión derivada de un cambio jurisprudencial favorable respecto a la prescripción de la acción penal.

Antecedentes procesales

El proceso penal se inició luego del homicidio de una persona en un lugar público de Medellín. El condenado fue acusado como determinador del delito y condenado a más de 36 años de prisión. Tras la apelación, el tribunal de segunda instancia lo absolvió, pero la Corte Suprema de Justicia casó esta decisión y reimpuso la condena. Posteriormente, la defensa interpuso demanda de revisión con base en supuestos errores en la aplicación de agravantes y en la prescripción de la acción penal. El tribunal de casación inadmitió la demanda por indebida sustentación de la causal de revisión relacionada con el cambio jurisprudencial sobre la prescripción. La defensa interpuso recurso de reposición solicitando que se valorara un memorial adicional presentado oportunamente, en el que se argumentaba la prescripción de la acción penal conforme a recientes sentencias de la Corte Constitucional.

Análisis y consideraciones jurídicas

La Corte explicó que el recurso de reposición es un mecanismo para que el mismo funcionario que dictó una decisión pueda corregir eventuales errores. Para su procedencia, quien lo interpone debe demostrar la equivocación jurídica o fáctica en la providencia recurrida. Se reconoció que la defensa presentó oportunamente el memorial con argumentos sobre el cambio jurisprudencial, por lo que se procedió a evaluar la causal de revisión alegada, en especial en relación con la suspensión de la prescripción tras la sentencia de segunda instancia bajo la Ley 906 de 2004. La sentencia SU-126 de 2022 de la Corte Constitucional estableció que el término de cinco años para la prescripción no puede extenderse ni un día más y debe contarse desde la fecha en que se profiere la sentencia de segunda instancia. La posterior sentencia SU-214 de 2023 aclaró que este plazo es perentorio y se inicia con la adopción formal de la providencia. Sin embargo, el tribunal de casación señaló que estas reglas corresponden a instituciones propias del sistema acusatorio y oral establecido por la Ley 906 de 2004, y no son aplicables de manera directa a procesos regidos por la Ley 600 de 2000, que utiliza un sistema mayormente escrito y con reglas procesales diferentes. En consecuencia, la aplicación del principio de favorabilidad que permitiría aplicar normas del nuevo sistema a procesos antiguos sólo es viable cuando las instituciones procesales sean comparables y tengan referentes similares, lo cual no ocurre en este caso con la suspensión de la prescripción. Así, a pesar de que transcurrieron más de cinco años entre la sentencia absolutoria y la casación, no se acreditó la causal de revisión basada en el cambio jurisprudencial sobre la prescripción de la acción penal para el proceso bajo la Ley 600 de 2000.

Decisión final

En mérito a lo anterior, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió no reponer el auto que inadmitió la demanda de revisión. Esta decisión es definitiva y contra ella no procede recurso alguno. Este pronunciamiento reafirma la importancia de respetar las diferencias entre los regímenes procesales y la aplicación restrictiva del principio de favorabilidad en materia penal, especialmente en aspectos sustanciales como la prescripción de la acción penal. --- Este caso refleja la complejidad de los procesos de revisión penal y la interacción entre diferentes regímenes legales y jurisprudenciales en Colombia, constituyendo un referente para futuras decisiones en materia de revisión y prescripción penal. La Corte Suprema mantiene así un criterio claro que contribuye a la seguridad jurídica y al debido proceso en el ámbito penal.