Antecedentes del caso
La acción de tutela fue instaurada con el fin de proteger derechos fundamentales relacionados con la petición, la propiedad y la vida, debido a la presunta omisión de respuesta a derechos de petición presentados ante la Agencia Catastral de Cundinamarca. El conflicto surgió al determinar cuál juzgado civil municipal, si el de La Mesa (Cundinamarca) o el de Bogotá, tenía competencia para conocer la tutela.
El juzgado civil municipal de La Mesa se abstuvo de asumir conocimiento del amparo, argumentando que la reclamación se relacionaba con un avalúo catastral de un predio ubicado en Anapoima, pero que el lugar donde se originaba la vulneración era Bogotá, por lo que la competencia debía recaer en los juzgados civiles municipales de Bogotá.
Por su parte, el juzgado civil municipal de Bogotá manifestó que, dado que la accionante había indicado como lugar para recibir notificaciones una dirección ubicada en Anapoima, perteneciente al circuito judicial de La Mesa, y que dicho lugar era donde se producirían los efectos de la presunta vulneración, correspondía que este último juzgado asumiera el conocimiento de la tutela. Ante esta discrepancia, remitió el caso a la Corte Suprema para resolver el conflicto de competencia.
Consideraciones jurídicas de la Corte Suprema
La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema, en atención a su competencia para resolver conflictos negativos entre despachos judiciales de diferentes distritos judiciales, analizó la cuestión con base en la normativa aplicable, incluyendo el artículo 16 de la Ley 270 de 1996, y los artículos 35 y 139 del Código General del Proceso, así como el artículo 4 del Decreto 306 de 1992.
La Corte enfatizó la importancia del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y sus normas modificatorias, que establecen que la competencia para conocer una acción de tutela corresponde, preferentemente, al juez o tribunal del lugar donde ocurrió la violación o amenaza, o donde se producen sus efectos. Esta regla busca facilitar al afectado la elección del juez competente, tomando en cuenta el lugar donde adquiere materialidad la vulneración alegada.
Además, la Corte recordó su jurisprudencia reiterada que reconoce la facultad del accionante para elegir el juzgado competente, siempre que esta elección se fundamente en el lugar donde se materializan los efectos de la vulneración. Este principio busca proteger los derechos fundamentales de manera efectiva y práctica.
En el caso concreto, la accionante había radicado la tutela ante el juzgado civil municipal de La Mesa y había señalado como lugar para recibir notificaciones una dirección en Anapoima, municipio del circuito judicial de La Mesa. Asimismo, en la petición dirigida a la Agencia Catastral, había indicado los mismos canales de notificación. Por lo tanto, la Corte concluyó que debía prevalecer la voluntad del accionante respecto a la competencia territorial.
Decisión y efectos
En virtud de lo anterior, la Corte Suprema de Justicia:
- Declaró competente al juzgado civil municipal de La Mesa, Cundinamarca, para conocer de la acción de tutela.
- Ordenó remitir el expediente a dicho juzgado, con comunicación previa al juzgado civil municipal de Bogotá.
Esta decisión reafirma la importancia del principio de elección libre del accionante en materia de tutela y la aplicación de la competencia territorial conforme a los efectos concretos de la vulneración alegada. Además, contribuye a la seguridad jurídica en la asignación de competencias judiciales en casos de disputas entre despachos de diferentes jurisdicciones.
La providencia fue dictada por la Magistrada Sustanciadora de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia y notificada para su cumplimiento inmediato, garantizando así la agilidad y eficacia en la protección de los derechos fundamentales involucrados en el proceso.
