Contexto del conflicto y tribunal competente

La Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, emitió un auto que resuelve un conflicto negativo de competencia planteado entre el Juzgado Treinta y Ocho de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de la Localidad de Puente Aranda en Bogotá D.C. y el Juzgado Civil Municipal de Chocontá, en Cundinamarca. El conflicto surgió en el marco de una acción de tutela promovida contra la Secretaría de Hacienda de la municipalidad de Chocontá.

Antecedentes fácticos y procesales

El accionante interpuso la acción de tutela argumentando la vulneración de varios derechos fundamentales, entre ellos el debido proceso, la propiedad, el acceso a la administración de justicia y el derecho de petición. La acción se originó por la falta de respuesta oportuna y congruente a peticiones elevadas a la Secretaría de Hacienda sobre la prescripción de la acción de cobro de impuestos prediales correspondientes a los años 2001 a 2020. El Juzgado de Bogotá se abstuvo de conocer el asunto, argumentando que la vulneración ocurría en el municipio de Chocontá, por lo que remitió el expediente al juzgado de esa localidad. Sin embargo, el juzgado de Chocontá rechazó su competencia, señalando que el domicilio del accionante y el lugar donde se produce la presunta vulneración se encuentran en Bogotá, por lo que solicitó que se resolviera el conflicto por la autoridad superior común funcional a ambas.

Consideraciones jurídicas de la providencia

La Corte Suprema recordó que, conforme al artículo 16 de la Ley 270 de 1996, las Salas de Casación conocen de los conflictos de competencia entre juzgados de diferentes distritos. Asimismo, el artículo 139 del Código General del Proceso establece que, cuando un juez se declare incompetente y el juez que recibe el expediente también, el conflicto debe decidirse por un juez superior común, sin admisión de recurso. Respecto a la competencia en materia de tutela, la providencia enfatiza el principio de competencia a prevención establecido en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Decreto 1382 de 2000, que permite al accionante elegir al juez con jurisdicción en el lugar donde ocurre la vulneración o donde se producen sus efectos. La Sala subrayó que este criterio busca facilitar al afectado la elección de la autoridad judicial que proteja sus derechos fundamentales. En el caso concreto, el accionante eligió el juzgado de Bogotá para tramitar la tutela, lugar que coincide con su domicilio y donde se producen los efectos de la presunta vulneración. Por lo tanto, la Corte declaró competente a dicho juzgado para conocer y decidir sobre la acción de tutela.

Decisión final

El auto emitido por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia resolvió:

• Declarar competente al Juzgado Treinta y Ocho de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de la Localidad de Puente Aranda, Bogotá D.C.
• Remitir la actuación a esta autoridad para que asuma el conocimiento del asunto.
• Comunicar la decisión a los juzgados involucrados y a la parte accionante, adjuntando copia íntegra del auto.

Esta providencia reafirma la importancia del principio de competencia a prevención en el trámite de las acciones de tutela, garantizando que el accionante pueda acudir al juez que mejor represente sus intereses y que se encuentra en el lugar donde ocurre la presunta vulneración de derechos fundamentales. Con esta decisión, la Corte Suprema contribuye a la protección efectiva de los derechos fundamentales, asegurando la adecuada administración de justicia en casos de competencia judicial.