Contexto y referencia normativa

El proyecto de decreto, anunciado en 2025 por el Ministerio del Interior, propondría modificar el Decreto 003 de 2021. Este último establece un protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores relacionadas con el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado y la protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana. La iniciativa se fundamentaría en el cumplimiento de una sentencia de tutela de segunda instancia proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, además de considerar recomendaciones de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Propósito principal del proyecto

El proyecto buscaría fortalecer los mecanismos estatales para prevenir, esclarecer y reparar violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco de protestas sociales. Para ello, se crearía un Comité de expertos que tendría como objetivo principal investigar hechos y prácticas que constituyan graves violaciones a los derechos humanos en contextos de protesta social desde febrero de 1999 hasta la fecha de su conformación. El proyecto contemplaría además la modificación de varios artículos del Decreto 003 de 2021 para incluir la creación y funcionamiento de este Comité, así como para mejorar la transparencia y rendición de cuentas sobre la actuación policial.

Modificaciones y nuevas disposiciones propuestas

Entre los cambios más relevantes, el proyecto modificaría los artículos 10, 11 y 42 del Decreto 003 de 2021 y adicionaría nuevos artículos del 42A al 42K, los cuales establecerían:

• La conformación y convocatoria de la Mesa Nacional de Evaluación de las Garantías para las Manifestaciones Públicas, incluyendo representantes del Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General, Defensoría del Pueblo, organizaciones de mujeres, movimientos estudiantiles, sociales, de derechos humanos, víctimas y medios de comunicación alternativos.
• Las funciones de esta Mesa Nacional, tales como proponer mecanismos de diálogo, documentar prácticas y lecciones aprendidas, realizar seguimiento al protocolo y a las investigaciones sobre violaciones en protestas, así como dar seguimiento a las recomendaciones del Comité de expertos.
• La obligación del Presidente de la República de rendir una explicación pública en un plazo máximo de un año sobre las actuaciones administrativas y policiales relacionadas con el uso de la fuerza que haya causado daños durante manifestaciones públicas.
• La creación del Comité de expertos para el Esclarecimiento de Violaciones a los Derechos Humanos en contextos de protesta social (CEVDH), un mecanismo extrajudicial adscrito al Ministerio del Interior pero independiente en su mandato, con un periodo de duración máximo de ocho meses más dos meses para su preparación.
• Los objetivos del CEVDH incluirían esclarecer hechos y patrones de violencia estatal, garantizar el derecho a la verdad de las víctimas, emitir recomendaciones para prevenir futuros crímenes y promover medidas efectivas de protección de los derechos humanos.
• Los principios que orientarán el accionar del Comité, tales como participación ciudadana, dignidad humana, igualdad y no discriminación, imparcialidad, autonomía, centralidad de las víctimas, transparencia y respeto a la diversidad cultural.
• La incorporación de enfoques diferencial, de género y diversidad, preventivo, territorial y etario para abordar las diversas realidades y vulnerabilidades en el contexto de protesta social.
• Las funciones específicas del Comité, que incluirían analizar políticas y prácticas institucionales, esclarecer acciones u omisiones que vulneraron derechos, facilitar espacios de participación y elaborar un informe final con recomendaciones.
• La conformación del Comité por tres expertos con alta idoneidad, independencia e imparcialidad, seleccionados por la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos a partir de candidaturas presentadas por organizaciones de derechos humanos.
• Disposiciones sobre el acceso, entrega y manejo de información por parte de todas las entidades del Gobierno Nacional para cumplir el mandato del Comité, incluyendo convenios de cooperación con entidades públicas, privadas e internacionales.
• La obligación de entregar el archivo final al Centro Nacional de Memoria Histórica, garantizando el acceso y divulgación de la información relacionada con graves violaciones de derechos humanos.
• La obligación del Comité de entregar su informe final al Presidente de la República para que se realice la explicación pública prevista.
• La implementación de una estrategia de difusión y promoción de los hallazgos del Comité en coordinación con el Ministerio de Justicia, el Centro Nacional de Memoria Histórica y el Sistema de Medios Públicos, con un enfoque pedagógico y reparador.
• La financiación del Comité a cargo del Ministerio del Interior, con posibilidad de utilizar recursos públicos o de cooperación internacional para garantizar su independencia y cumplimiento.

Participación de actores clave

El proyecto establecería la participación activa de múltiples entidades públicas, como el Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General, Defensoría del Pueblo, y organizaciones sociales, de derechos humanos, víctimas, medios alternativos y plataformas estudiantiles. Además, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos tendría un papel clave en la selección de los expertos para integrar el Comité. La Mesa Nacional de Evaluación de Garantías también jugaría un rol importante en el seguimiento y evaluación del protocolo y del Comité.

Información adicional y participación ciudadana

Aunque el proyecto aún no estaría vigente, se indicaría que fue socializado en espacios como la Mesa Nacional de Garantías en agosto de 2025, con mecanismos previstos para la participación de organizaciones sociales y ciudadanía. Se esperaría que el texto completo del proyecto estuviera disponible para consulta pública, y que se establecieran canales para recibir observaciones y comentarios durante el proceso de elaboración y adopción final del decreto. Este proyecto de decreto evidenciaría un avance en la institucionalización de mecanismos para garantizar el derecho a la protesta pacífica y el esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos en Colombia, con un enfoque integral, inclusivo y basado en estándares internacionales. Su implementación podría fortalecer la confianza entre la ciudadanía y las instituciones, contribuyendo a la protección efectiva de los derechos fundamentales en contextos de movilización social.