Objetivo y Ámbito de Aplicación
El proyecto tiene como objetivo principal adoptar medidas afirmativas que favorezcan a mujeres cabeza de familia, gestantes o lactantes en materia de medidas de aseguramiento durante el proceso penal, específicamente para delitos contemplados en los artículos 239, 240, 241, 375, 376 y 377 del Código Penal. Se dirige al ámbito social y judicial, buscando reducir la privación de libertad de este grupo vulnerable. Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa inicial tras su radicación en la Cámara de Representantes, y seguirá los trámites legislativos previstos en comisiones y plenarias.
Contexto y Problemática
La iniciativa surge ante la preocupante situación de sobrecriminalización y privación de libertad de mujeres en condición de vulnerabilidad socioeconómica, especialmente aquellas que cumplen roles de cuidado y jefatura del hogar. Las estadísticas oficiales evidencian un alto número de mujeres capturadas e imputadas por delitos de hurto y estupefacientes, con una proporción significativa privadas de libertad bajo medidas de aseguramiento privativas. La propuesta responde a la necesidad de armonizar el proceso penal con la Ley 2292 de 2023, que establece penas sustitutivas para mujeres cabeza de familia, y a las recomendaciones internacionales sobre enfoque de género y derechos humanos.
Contenido Clave del Proyecto
Entre las disposiciones más relevantes se destacan:
- Definición clara de "mujer cabeza de familia", "gestante" y "lactante", con enfoque en el cuidado permanente de familiares en situación de vulnerabilidad.
- Modificación del artículo 315 de la Ley 906 de 2004 para permitir la imposición de medidas de aseguramiento no privativas de libertad a las mujeres en cuestión, siempre que se demuestre su condición de marginalidad.
- Exclusión de la aplicación en casos donde la mujer tenga rol de mando dentro de organizaciones criminales.
- Obligación al Ministerio de Justicia y del Derecho de presentar informes bianuales al Congreso sobre la situación de mujeres privadas de libertad por delitos relacionados con estupefacientes, con énfasis en el impacto de las medidas cautelares.
Posturas de Actores Relevantes
El proyecto ha generado posiciones diversas entre congresistas, organizaciones civiles y expertos. Los argumentos a favor resaltan la importancia de un enfoque de género en el proceso penal y la protección de la familia, señalando que la privación de libertad afecta gravemente la manutención y cuidado de los hijos y familiares dependientes. En contraste, algunos sectores expresan preocupación por posibles riesgos de impunidad o dificultades en la aplicación judicial de las medidas no privativas, especialmente en delitos relacionados con el narcotráfico.
Comparación Internacional
En el ámbito internacional, las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de reclusas y medidas no privativas (Reglas de Bangkok) y pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos promueven medidas alternativas a la prisión para mujeres cuidadoras, buscando reducir la prisión preventiva y sus impactos sociales. La propuesta colombiana se alinea con estas recomendaciones, buscando un balance entre la justicia penal y la protección de derechos fundamentales.
Impacto Potencial y Debate
De aprobarse, el proyecto podría contribuir a reducir el hacinamiento carcelario, mitigar los impactos negativos de la prisión preventiva en mujeres en roles de cuidado y promover una política penal más justa y equitativa. Además, fortalecería la coherencia normativa con la Ley 2292 de 2023 y los compromisos internacionales del país. El debate legislativo deberá considerar la adecuada definición de criterios para la marginalidad y la efectiva aplicación de las medidas no privativas, procurando evitar riesgos para la seguridad y la justicia.
Este proyecto representa un esfuerzo legislativo importante para incorporar la perspectiva de género y garantizar la excepcionalidad de la privación de libertad en el sistema penal colombiano, en consonancia con los estándares constitucionales y los tratados internacionales ratificados por Colombia. Así, se busca promover una justicia más humana y sensible a las circunstancias particulares de las mujeres que, además de enfrentar procesos judiciales, cumplen roles fundamentales en la estructura familiar y social del país.
