Propósito general y objetivo principal

El proyecto de resolución tiene como propósito establecer los criterios habilitantes y de ponderación para la asignación de recursos a las Empresas Sociales del Estado (E.S.E.) y a las Entidades Territoriales que estén habilitadas para implementar acciones sectoriales en salud dirigidas a personas mayores. Estas acciones se enmarcan en el Plan para la Década del Envejecimiento Saludable 2020-2030 y en la Política Pública Nacional de Envejecimiento y Vejez 2022-2031, con el fin de fortalecer institucionalmente los centros públicos de atención a personas mayores y promover su bienestar integral. El objetivo principal es optimizar la eficiencia, transparencia y alto impacto en la destinación de recursos públicos para implementar programas que mejoren la atención integral, la autonomía, la participación social y la calidad de vida de las personas mayores, sus familias y cuidadores.

Nuevas disposiciones y mecanismos introducidos

El proyecto introduce criterios habilitantes que deben cumplir las Entidades Territoriales para acceder a los recursos, tales como: contar con municipios en categorías 5 y 6 según la Ley 136 de 1994, disponer de al menos un centro público autorizado para atención a personas mayores en modalidades como Centros Vida, Centros Día o Centros de Protección Social o Larga Estancia, y haber adoptado la Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor conforme a la Ley 687 de 2001. Además, las Empresas Sociales del Estado deben acreditar su habilitación para prestar servicios de psicología o terapia ocupacional según el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS). En cuanto a los criterios de ponderación para la distribución de recursos, se consideran indicadores demográficos y sociales,...