Propósito general y objetivo principal

El proyecto de resolución tiene como propósito establecer los criterios habilitantes y de ponderación para la asignación de recursos a las Empresas Sociales del Estado (E.S.E.) y a las Entidades Territoriales que estén habilitadas para implementar acciones sectoriales en salud dirigidas a personas mayores. Estas acciones se enmarcan en el Plan para la Década del Envejecimiento Saludable 2020-2030 y en la Política Pública Nacional de Envejecimiento y Vejez 2022-2031, con el fin de fortalecer institucionalmente los centros públicos de atención a personas mayores y promover su bienestar integral. El objetivo principal es optimizar la eficiencia, transparencia y alto impacto en la destinación de recursos públicos para implementar programas que mejoren la atención integral, la autonomía, la participación social y la calidad de vida de las personas mayores, sus familias y cuidadores.

Nuevas disposiciones y mecanismos introducidos

El proyecto introduce criterios habilitantes que deben cumplir las Entidades Territoriales para acceder a los recursos, tales como: contar con municipios en categorías 5 y 6 según la Ley 136 de 1994, disponer de al menos un centro público autorizado para atención a personas mayores en modalidades como Centros Vida, Centros Día o Centros de Protección Social o Larga Estancia, y haber adoptado la Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor conforme a la Ley 687 de 2001. Además, las Empresas Sociales del Estado deben acreditar su habilitación para prestar servicios de psicología o terapia ocupacional según el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS). En cuanto a los criterios de ponderación para la distribución de recursos, se consideran indicadores demográficos y sociales, como la tasa de personas mayores en situación de vulnerabilidad socioeconómica (SISBÉN IV), la proporción de población mayor respecto al total, la tasa de población indígena mayor afiliada al sistema de seguridad social, y la tasa de personas con discapacidad mayor, basados en datos oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Medidas específicas propuestas

El proyecto detalla un anexo técnico con la implementación operativa de las acciones sectoriales, divididas en tres etapas: 1. Alistamiento: Planeación y organización de recursos humanos, técnicos y financieros; contratación de profesionales en psicología y terapia ocupacional; adquisición de elementos de dotación específicos para fortalecimiento físico, cultural, y cuidados básicos de enfermería. 2. Ejecución: Desarrollo de acciones en cuatro ejes estratégicos: - Fortalecimiento institucional y articulación intersectorial. - Formación y capacitación del talento humano con enfoque integral y diferencial. - Atención integral a personas mayores, sus familias y cuidadores, promoviendo salud física y mental, prevención de violencia y discriminación. - Entrega de elementos de dotación y adecuación de espacios en centros públicos. 3. Informe final: Presentación de reporte técnico y financiero que evidencie los resultados alcanzados, lecciones aprendidas y recomendaciones para futuras intervenciones. Asimismo, se establece la conformación de una Mesa Técnica Interdependencias dentro del Ministerio, encargada de orientar, acompañar, supervisar y fortalecer la implementación en territorio, garantizando el cumplimiento de criterios técnicos y la alineación con los principios de derechos humanos y envejecimiento saludable.

Impacto y alcance potencial

Se espera que la asignación eficiente y transparente de recursos promueva la mejora sostenida en la calidad de atención en centros públicos de personas mayores, favoreciendo su autonomía, bienestar y participación social. La iniciativa contribuye a la prevención de la dependencia y violencia, al fortalecimiento del talento humano especializado y a la articulación intersectorial, alineada con objetivos estratégicos nacionales e internacionales, como los establecidos por la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas.

Participación de actores clave

Los beneficiarios directos serán las Empresas Sociales del Estado y las Entidades Territoriales que gestionan centros públicos de atención a personas mayores. La implementación contará con la participación de secretarías de salud, secretarías de desarrollo social, comisarías de familia, personerías municipales, profesionales de salud, familias, cuidadores y la comunidad en general. El Ministerio de Salud y Protección Social, a través de la Oficina de Promoción Social y la Mesa Técnica Interdependencias, ejercerá la coordinación, acompañamiento técnico, monitoreo y evaluación para asegurar el cumplimiento de los objetivos y la correcta ejecución de los recursos. --- Esta iniciativa normativa representa un paso importante para consolidar la política pública de envejecimiento saludable en Colombia, estableciendo un marco claro y operativo para la asignación y uso de recursos que atiendan las necesidades de la población mayor, garantizando así el respeto a sus derechos y el mejoramiento de su calidad de vida.