Propósito general y objetivo principal
El proyecto de resolución tiene como propósito establecer las tarifas diferenciales que deben pagar, en concepto de Contribución Especial de Vigilancia, todos los sujetos vigilados por la Superintendencia de Transporte durante el año fiscal 2025. Este cobro busca financiar el presupuesto operativo y de inversión de la entidad, garantizando los recursos necesarios para continuar con sus funciones de vigilancia, inspección y control en el sector transporte.
El objetivo principal es optimizar la asignación de costos entre los diferentes sujetos supervisados según el tipo de vigilancia que se ejerza (integral, objetiva o subjetiva), promoviendo la equidad y la eficiencia en la financiación de la entidad. Esta medida beneficiará a los sectores de transporte, infraestructura y servicios conexos al permitir una supervisión adecuada y sostenida.
Nuevas disposiciones y mecanismos introducidos
El proyecto introduce un esquema de tarifas diferenciales basadas en una metodología técnica que considera los ingresos brutos reportados por los sujetos vigilados durante el año 2024, categorizados según el tipo de vigilancia:
- Supervisión integral: tarifa del 0,1200% de los ingresos brutos.
- Supervisión objetiva: tarifa del 0,0917% de los ingresos brutos.
- Supervisión subjetiva: tarifa del 0,0283% de los ingresos brutos.
Estas tarifas se calculan con base en un modelo que pondera la vigilancia subjetiva y objetiva respecto a la integral, usando coeficientes técnicos (alpha y gamma), y que no puede superar el límite máximo del 0,21% establecido en la ley. Adicionalmente, se establecen mecanismos para el cálculo en caso de falta de reporte de ingresos y para la corrección de diferencias en la liquidación de las cuotas.
Acciones y regulaciones para el cumplimiento
El proyecto determina que el pago de la Contribución Especial de Vigilancia se realizará en una sola cuota durante el periodo comprendido entre el 22 de septiembre y el 19 de diciembre de 2025. El pago se efectuará por medio de recibos con código de barras, facilitando su trámite a través de plataformas electrónicas y sucursales bancarias autorizadas.
Se establecen además obligaciones para los sujetos vigilados en relación con el reporte oportuno y veraz de los ingresos correspondientes a actividades relacionadas con el transporte, infraestructura y servicios conexos. La Superintendencia podrá solicitar soportes documentales para validar la información reportada y procederá a investigar incumplimientos en el reporte o pago.
En caso de retrasos o incumplimientos en el pago, se aplicarán intereses moratorios conforme a la legislación vigente. También se regulan las situaciones en que los sujetos vigilados estén en proceso de insolvencia, estableciendo criterios para el cobro dentro del proceso concursal.
Impacto y alcance potencial
La fijación de tarifas diferenciales busca asegurar un financiamiento justo y proporcional a la actividad económica de cada sujeto vigilado, garantizando la sostenibilidad financiera de la Superintendencia de Transporte. Esto permitirá fortalecer la vigilancia y control en el sector transporte, contribuyendo a la seguridad, eficiencia y legalidad en las operaciones del sector.
Además, el proyecto contempla la participación activa de los sujetos vigilados mediante la socialización previa y la recepción de comentarios y sugerencias, cumpliendo con los principios de transparencia y participación ciudadana.
Participación de actores clave
La elaboración y revisión del proyecto contó con la participación de la Dirección Financiera, la Oficina Asesora de Planeación, la Oficina Asesora Jurídica y la Secretaría General de la Superintendencia de Transporte. Asimismo, se realizó un proceso de socialización pública en el sitio web de la entidad para recoger observaciones de la ciudadanía y grupos de interés.
Este esquema integral de participación y análisis técnico respalda la legitimidad y pertinencia del proyecto, que una vez aprobado, será publicado en el Diario Oficial y la página web institucional para su conocimiento general, garantizando así la transparencia y el acceso a la información por parte de todos los interesados.
