Contexto y tribunal competente

La providencia fue proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, instancia superior encargada de dirimir controversias en materia administrativa. El despacho del magistrado ponente conoció del asunto en calidad de decisión no colegiada, conforme al numeral 3 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011. El proceso en cuestión corresponde a un recurso extraordinario de revisión interpuesto contra un fallo previo de la misma corporación. La controversia gira en torno a la liquidación de costas, es decir, la determinación económica que una parte debe asumir para cubrir los gastos y honorarios derivados del proceso judicial.

Antecedentes fácticos y procesales

El recurso fue declarado infundado mediante sentencia del 11 de junio de 2025. En esa providencia, la Sala condenó en costas a la parte recurrente y fijó las agencias en derecho equivalentes a un salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) para la Procuraduría General de la Nación, como parte beneficiaria de la condena. Posteriormente, la Secretaría General del Consejo de Estado realizó una primera liquidación de costas el 2 de julio de 2025, estableciendo un monto total de $1.423.500. Sin embargo, esta liquidación fue objetada mediante auto del 23 de julio, debido a que no se especificó la distribución individual que cada recurrente debía asumir, lo cual es exigido por el numeral 6 del artículo 365 del Código General del Proceso (CGP). En respuesta, la Secretaría General corrigió la liquidación el 31 de julio de 2025, dividiendo equitativamente el valor total de las agencias en derecho entre los cuatro recurrentes en partes iguales, asignando a cada uno $355.875.

Consideraciones jurídicas y fundamentación de la decisión

La Sala Plena analizó que la liquidación de costas debe ajustarse a lo dispuesto en el artículo 366 del CGP, que establece que el secretario debe realizar la liquidación y el juez aprobarla o rehacerla. El monto debe corresponder a los honorarios de los auxiliares de la justicia, gastos judiciales comprobados y agencias en derecho señaladas en la condena. Al aprobar la liquidación corregida, la Sala resaltó que se respetaron los criterios legales de distribución conforme a la sentencia previa, y se cumplió con la precisión requerida para individualizar la obligación económica de cada parte recurrente. Esta decisión garantiza transparencia y claridad en la ejecución de la condena en costas, facilitando su cumplimiento efectivo. Finalmente, el despacho ordenó archivar el expediente una vez ejecutoriada la providencia, cerrando así la etapa procesal relacionada con la liquidación de costas.

Importancia de la decisión

Este auto ejemplifica la atención que deben prestar las autoridades judiciales en la correcta liquidación y distribución de costas, aspecto fundamental para la adecuada administración de justicia y respeto a las normas procesales. La precisión en la asignación de montos individuales a cada parte contribuye a evitar confusiones y litigios posteriores sobre el cumplimiento de la condena económica. Además, se pone de manifiesto la función de control que ejerce la Sala Plena para garantizar que las actuaciones administrativas de la Secretaría General se ajusten a los parámetros legales vigentes, en especial aquellos contenidos en la Ley 1437 de 2011 y el Código General del Proceso. Este pronunciamiento es relevante para operadores jurídicos, funcionarios judiciales y ciudadanos interesados en el correcto desarrollo de los procesos contencioso administrativos y la ejecución de las sentencias judiciales, ya que fortalece la confianza en los mecanismos de justicia y promueve el respeto por las decisiones judiciales.