Providencia judicial en primera instancia

El pasado primero de septiembre de 2025, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en primera instancia, emitió un auto mediante el cual admitió la demanda de nulidad contra la Resolución 161 del 23 de mayo de 2025, proferida por el Presidente de la República. Esta resolución establece una Zona de Ubicación Temporal y dicta otras disposiciones relacionadas.

Antecedentes fácticos y procesales

La demanda fue presentada en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 137 del CPACA, por un particular que solicitó la declaratoria de nulidad de la mencionada resolución presidencial. Además, se solicitó la adopción de una medida cautelar de suspensión provisional del acto administrativo cuestionado. Inicialmente, la demanda fue inadmitida por el despacho para que el actor subsanara ciertos requisitos formales, tales como la constancia de publicación y la acreditación del envío electrónico de la demanda a la autoridad demandada. Tras cumplir con estas exigencias dentro del término legal, la demanda fue admitida y el proceso continuó su trámite.

Consideraciones de la providencia

La Sala constató que se reunieron las condiciones establecidas en los artículos 161 a 166 del CPACA para admitir la demanda de nulidad. En consecuencia, dispuso notificar la admisión tanto a la parte demandante como al Presidente de la República y al agente del Ministerio Público, conforme a la normativa procesal vigente. Asimismo, se ordenó remitir copia electrónica de la demanda y sus anexos a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y se corrió traslado a la autoridad demandada y al Ministerio Público para que puedan contestar la demanda, proponer excepciones, solicitar pruebas, llamar en garantía o presentar demanda de reconvención. Finalmente, se requirió a la autoridad demandada para que allegue el expediente administrativo relacionado con el acto acusado, siguiendo lo previsto en el parágrafo 1 del artículo 175 del CPACA. De igual manera, conforme a lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 171 del mismo código, se dispuso informar a la comunidad sobre la existencia del proceso a través del sitio web de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Implicaciones del auto admisorio

Con esta decisión, el Consejo de Estado inicia el estudio de fondo sobre la legalidad de la Resolución 161 de 2025, que establece una Zona de Ubicación Temporal, un acto administrativo de relevancia nacional emitido por la máxima autoridad ejecutiva. La resolución deberá enfrentar el escrutinio judicial que garantizará el respeto a los principios y normas del derecho administrativo. Este auto representa un paso fundamental en el control judicial de los actos administrativos de alto impacto, reafirmando la función de la jurisdicción contencioso administrativa como garante de la legalidad y la protección de los derechos de los ciudadanos frente a las decisiones de la administración pública. El proceso continuará su curso conforme a lo establecido en la ley, buscando un fallo que determine la validez o nulidad de la resolución impugnada, y que sirva como precedente en la defensa del ordenamiento jurídico y el interés general.