Providencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado

La Sala Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado, en única instancia, profirió el 28 de abril de 2025 una sentencia que declaró la nulidad de dos resoluciones administrativas expedidas por entidades públicas competentes en materia minera. Estas resoluciones, relacionadas con la formalización de actividades mineras tradicionales, fueron anuladas por haberse vulnerado el derecho al debido proceso de la parte actora. Posteriormente, la Agencia Nacional de Minería solicitó la aclaración de dicha sentencia para que se precisara que la norma aplicable al trámite de formalización minera era el artículo 325 de la Ley 1955 de 2019. Sin embargo, el Consejo de Estado negó esta solicitud mediante auto dictado el 19 de agosto de 2025, señalando que la petición excedía el objeto de aclaración permitido.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso se originó tras la presentación de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra dos resoluciones: una expedida por la Subdirección de Contratación y Titulación Minero del Instituto Colombiano de Geología y Minería y otra por la Agencia Nacional de Minería. La demanda argumentaba que dichos actos administrativos vulneraban el debido proceso. En la sentencia del 28 de abril de 2025, la Sala declaró la nulidad de estos actos y ordenó a la Agencia Nacional de Minería adelantar el proceso de legalización de la minería tradicional conforme a la normativa vigente al momento de la solicitud, en particular la Ley 1382 de 2010 y el Decreto 2715 de 2010, dado que la solicitud original fue presentada en julio de 2010.

Consideraciones jurídicas de la Sala

El Consejo de Estado fundamentó su decisión en el artículo 285 del Código General del Proceso, que establece que las sentencias no son revocables ni reformables, pero sí susceptibles de aclaración cuando contengan conceptos o frases que generen dudas y que estén en la parte resolutiva o influyan en ella. La Sala determinó que la solicitud de aclaración realizada por la Agencia Nacional de Minería no cumplía con estos requisitos, pues pretendía modificar la fundamentación jurídica de la sentencia y no aclarar conceptos dudosos. Además, explicó que el proceso de legalización debe ajustarse a la normativa vigente en el momento en que se presentó la solicitud, por lo que la referencia a la Ley 1955 de 2019 no era aplicable en este caso. En consecuencia, la Sala negó la aclaración solicitada, confirmando que la sentencia del 28 de abril de 2025 resolvió todos los aspectos planteados en el litigio y que no existían omisiones ni dudas que justificaran modificar o complementar la providencia.

Conclusión del auto

El Consejo de Estado, mediante esta providencia, reafirmó la importancia del principio de seguridad jurídica y la intangibilidad de la cosa juzgada en el ámbito judicial. Al negar la aclaración solicitada, se consolidó la decisión que ordenó la nulidad de los actos administrativos por violación del debido proceso y estableció el marco normativo aplicable para la formalización de la minería tradicional en el caso concreto. Esta decisión enfatiza el respeto a los procedimientos legales y la correcta aplicación de la normativa vigente en los procesos administrativos y judiciales relacionados con la actividad minera en Colombia, garantizando así la protección de los derechos de los actores involucrados y la estabilidad jurídica en el sector minero nacional.