Contexto y naturaleza de la decisión

El Consejo de Estado, en su calidad de máxima autoridad en lo contencioso administrativo, resolvió mediante un auto fechado el 3 de septiembre de 2025, la admisión del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia interpuesto en un proceso de reparación directa. Este recurso fue presentado tras la revocatoria de una sentencia de primera instancia que había declarado la responsabilidad patrimonial de una entidad pública y una sociedad privada por la muerte de un trabajador en obra pública. La providencia en cuestión rechaza de plano dicho recurso por no cumplir con los requisitos legales establecidos.

Antecedentes fácticos y procesales

El caso se originó con la demanda presentada por los representantes de la víctima, quien falleció el 11 de noviembre de 2015 a causa del desplome parcial de una estructura en una obra pública. En primera instancia, el juzgado administrativo correspondiente declaró la responsabilidad patrimonial solidaria del instituto tecnológico y la empresa contratista, condenándolos al pago de indemnizaciones. Sin embargo, en segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Antioquia revocó esta decisión y negó las pretensiones de la demanda. El tribunal concluyó que el fallecimiento se debió a una conducta imprudente y exclusiva de la víctima, quien ingresó a una zona prohibida durante la construcción, lo que fue determinante para el accidente. Frente a esta decisión, la parte actora interpuso un recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia ante el Consejo de Estado, argumentando que la sentencia del tribunal contradecía varias providencias supuestamente de unificación jurisprudencial.

Consideraciones jurídicas y fundamentos del rechazo

El despacho del Consejo de Estado fundamentó su rechazo en el artículo 256 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), que establece que el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia tiene como finalidad garantizar la unidad en la interpretación del derecho y la aplicación uniforme de la ley. El análisis se centró en la admisibilidad del recurso conforme al artículo 265 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2021, que exige que el recurso se fundamente directamente en sentencias de unificación jurisprudencial. Estas sentencias, definidas en el artículo 270 del CPACA, son aquellas proferidas por el Consejo de Estado con el propósito de unificar o sentar jurisprudencia, precisar su alcance o resolver divergencias en la interpretación. En el caso concreto, el Consejo de Estado observó que las providencias citadas por los recurrentes no ostentan el carácter de sentencias de unificación conforme a la normativa vigente, ya que no unifican ni fijan jurisprudencia ni resuelven divergencias interpretativas relevantes. Por lo tanto, en aplicación directa del parágrafo del artículo 265 del CPACA, el recurso fue rechazado de plano y se condenó en costas a la parte recurrente, correspondiendo la liquidación de estas al juez de primera instancia.

Conclusión de la providencia

El auto concluyó rechazando el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia interpuesto contra la sentencia de segunda instancia del Tribunal Administrativo de Antioquia en el proceso de reparación directa. Además, ordenó condenar en costas a la parte actora y devolver el expediente al despacho de origen para el trámite correspondiente. Esta decisión reafirma los requisitos estrictos para la admisión de recursos extraordinarios de unificación y pone en evidencia la importancia de fundamentar adecuadamente las solicitudes en sentencias que cumplan con el carácter de unificación jurisprudencial, garantizando así la coherencia y seguridad jurídica en la administración de justicia administrativa.