Contexto y tribunal competente

La Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección A, del Consejo de Estado, emitió un auto de segunda instancia el 2 de septiembre de 2025, en el que decidió rechazar el recurso de apelación interpuesto por la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, contra la sentencia proferida el 17 de octubre de 2023 por el Tribunal Administrativo del Cauca. Este último había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por un servidor judicial en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso se originó con una demanda contra la Nación, a través de la Rama Judicial, por el pago de diferencias salariales y prestaciones sociales adeudadas en concepto de la prima especial de servicios, prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992. El tribunal de primera instancia reconoció que dicha prima debe entenderse como un incremento a la remuneración básica y ordenó a la entidad demandada reconocer el 30% de la asignación básica que había sido descontado, además de reliquidar y pagar las prestaciones sociales con base en el 100% de la remuneración mensual. El tribunal también declaró la prescripción de las sumas causadas antes del 13 de abril de 2008, limitando así la condena a períodos posteriores a esta fecha. En respuesta, la Rama Judicial interpuso recurso de apelación, argumentando principalmente la falta de apropiación presupuestal para cubrir las acreencias y la posible vulneración del artículo 71 del Decreto 111 de 1996.

Consideraciones de la providencia

El Consejo de Estado recordó que, conforme a los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso, la apelación debe estar fundamentada en reparos concretos frente a la sentencia impugnada, y que la competencia del juez de segunda instancia está limitada a los argumentos expuestos por el apelante. En este caso, la Sala señaló que los argumentos de la Rama Judicial se limitaron a señalar la imposibilidad material de cumplir la condena por falta de presupuesto, sin ofrecer razones jurídicas que evidenciaran errores en la sentencia o fundamentos para modificarla. Dado que no se presentaron argumentos jurídicos que justificaran la revocatoria o reforma de la decisión, el Consejo concluyó que no existían motivos válidos para revisar la providencia cuestionada. Por ello, se rechazó el recurso de apelación interpuesto por la Rama Judicial.

Decisión y efectos

En consecuencia, el auto de segunda instancia del Consejo de Estado confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo del Cauca, manteniendo la condena a la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, para reconocer y pagar las diferencias salariales y prestaciones sociales relacionadas con la prima especial de servicios, según lo establecido en la ley. Esta decisión reafirma la importancia de fundamentar adecuadamente los recursos de apelación y mantiene el criterio jurídico de que la prima especial debe considerarse un incremento a la remuneración básica de los servidores judiciales beneficiarios. Se destaca además que la providencia reconoce la personería del apoderado de la parte demandada para efectos procesales, y ordena comunicar la decisión al tribunal de primera instancia para los fines correspondientes, asegurando así la ejecución de la sentencia y el cumplimiento efectivo de los derechos laborales reconocidos.