Contexto y naturaleza del acuerdo

El proyecto de Acuerdo, aprobado en sesión de la Junta Directiva del ICETEX en septiembre de 2025, modifica el Acuerdo 010 de 2022, que reglamenta el Fondo de Sostenibilidad del Crédito Educativo. Como entidad financiera de naturaleza especial vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el ICETEX tiene la competencia legal para expedir este tipo de normas en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1002 de 2005, el Decreto 1050 de 2006 y acuerdos previos de su Junta Directiva. El FSCE es un mecanismo financiero creado para mitigar el riesgo asociado a la deserción estudiantil en programas de pregrado financiados con crédito educativo. El acuerdo original regulaba los aportes y descuentos aplicables exclusivamente a instituciones de educación superior (IES) con programas registrados en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES).

Objeto y finalidad del proyecto de modificación

El objeto principal del proyecto es ampliar el ámbito de aplicación del FSCE para incluir las instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH) que se encuentren debidamente registradas en el Sistema de Información de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (SIET). Esto implica modificar los artículos 6 y 13 del Acuerdo 010 de 2022 para que los recursos y mecanismos del Fondo puedan aplicarse también a estos programas técnicos y tecnológicos. La finalidad es fortalecer la cobertura y efectividad del Fondo como instrumento de sostenibilidad financiera, permitiendo que un mayor número de beneficiarios accedan a créditos educativos con respaldo, y garantizando que las instituciones financiadas cumplan con requisitos de legalidad, calidad y transparencia, conforme a la normatividad vigente.

Ámbito de aplicación y requisitos para las instituciones

El acuerdo modifica el régimen para la suscripción de convenios o alianzas con el ICETEX, contemplando dos grupos de instituciones:

• Instituciones de Educación Superior (IES): deben estar registradas en el SNIES y cumplir con requisitos relacionados con control administrativo, sanciones, y habilitación para ofrecer programas educativos, además de contar con contratos vigentes con el ICETEX.
• Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH): deben estar registradas en el SIET y contar con certificación expedida por el Ministerio de Educación Nacional o la secretaría de educación territorial certificada. Asimismo, deben cumplir con controles similares de transparencia y legalidad y mantener convenios vigentes con el ICETEX.

Ambos grupos están sujetos a la prohibición de encontrarse en listas de control relacionadas con lavado de activos, financiación del terrorismo u otros delitos conexos, y a no tener sanciones administrativas relevantes en los últimos cinco años.

Principales disposiciones y compromisos

Entre las disposiciones más relevantes del proyecto de Acuerdo se destacan:

• Descuentos en desembolsos: el ICETEX descontará de cada desembolso a las instituciones educativas el porcentaje correspondiente a aportes para el FSCE, tanto para créditos de pregrado como para líneas ETDH.
• Elegibilidad para convenios: se establecen criterios claros para la elegibilidad de las instituciones, vinculados a registros oficiales, certificaciones, procesos de control y sanciones administrativas.
• Compromisos institucionales: las instituciones deben mantener contratos vigentes con el ICETEX y pueden postular a sus representantes para participar en comités de seguimiento.
• Implementación administrativa: el ICETEX deberá realizar los ajustes técnicos, financieros y administrativos necesarios para ejecutar lo dispuesto en el Acuerdo.

Impacto potencial y relevancia para la comunidad educativa

Esta modificación representa un avance significativo en la democratización del crédito educativo en Colombia, al incorporar a una mayor variedad de programas formativos bajo la cobertura del FSCE. La inclusión de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano responde a la necesidad de diversificar la oferta educativa y ajustarla a las demandas del mercado laboral y las particularidades regionales. Al garantizar que solo instituciones debidamente registradas y certificadas puedan acceder a estos beneficios, se fortalece la transparencia y la calidad de los programas financiados. Esto contribuye a un mejor uso de los recursos públicos y a la protección de los derechos de los estudiantes, promoviendo el acceso y la permanencia en la educación superior y técnica.

Mecanismos de seguimiento y evaluación

El proyecto prevé la participación de representantes institucionales en comités de seguimiento, lo cual facilita la supervisión y evaluación continua del Fondo y los convenios suscritos. Además, se sustenta en el marco normativo vigente que establece controles por parte del Ministerio de Educación Nacional y las secretarías de educación territoriales certificadas. Asimismo, el proyecto fue sometido a un proceso de participación ciudadana y consulta pública, conforme a lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 1712 de 2014, con el propósito de garantizar la transparencia y la inclusión de observaciones de la comunidad.

Marco normativo y respaldo legal

La ampliación del FSCE se fundamenta en diversas normas nacionales, entre las que destacan:

• La Constitución Política de Colombia, que reconoce la educación como un derecho fundamental y un servicio público de función social.
• La Ley 1002 de 2005 y el Decreto 1050 de 2006, que regulan la naturaleza jurídica y funciones del ICETEX.
• La Ley 1064 de 2006 y los Decretos 4904 de 2009 y 1075 de 2015, que regulan la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano y establecen el SIET como sistema oficial de registro y control.
• Los acuerdos internos del ICETEX, como el Acuerdo 034 de 2023 y el Plan Estratégico 2023-2026, orientados a mejorar la inclusión y la eficiencia en el crédito educativo.

Conclusión

El proyecto de modificación al Acuerdo 010 de 2022 del ICETEX constituye una iniciativa normativa que busca ampliar y mejorar el Fondo de Sostenibilidad del Crédito Educativo para incluir programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, fortaleciendo así la oferta educativa financiada y garantizando la calidad, legalidad y transparencia en la gestión de recursos públicos. Aunque aún no está vigente, esta propuesta normativiza un paso importante hacia la democratización del crédito educativo en Colombia y responde a las necesidades de una población estudiantil más diversa, con el respaldo de un marco jurídico sólido y mecanismos de seguimiento claros. La entrada en vigor dependerá de la publicación oficial del Acuerdo, momento a partir del cual las instituciones y beneficiarios podrán acceder a los beneficios y obligaciones derivados de esta actualización normativa, consolidando un sistema educativo más inclusivo y sostenible para el país.