Contexto y tribunal competente

El auto fue emitido por la Sección Tercera - Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en Bogotá D.C., correspondiente a la segunda instancia en el proceso judicial. Esta providencia se refiere a la admisión de recursos de apelación contra la sentencia inicial dictada por el Juzgado Treinta y Seis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que había resuelto parcialmente las pretensiones en un proceso de reparación directa.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso se originó a partir de una demanda de reparación directa presentada contra la Nación, representada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía (Corpoamazonía), el Departamento de Putumayo y el Municipio de Mocoa. La demanda buscaba obtener reparaciones relacionadas con hechos que involucraban la gestión ambiental y la atención de riesgos en la región. El Juzgado Treinta y Seis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá dictó sentencia el 30 de septiembre de 2024, accediendo parcialmente a las pretensiones demandadas. La decisión fue notificada a las partes el 2 de octubre del mismo año. Posteriormente, diversas entidades involucradas, incluyendo el Municipio de Mocoa, Corpoamazonía, el Departamento de Putumayo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la UNGRD, presentaron recursos de apelación contra la sentencia, cumpliendo con los términos legales establecidos. El juzgado de primera instancia concedió efecto suspensivo a los recursos interpuestos mediante auto del 8 de noviembre de 2024, lo que implica que la ejecución de la sentencia queda en pausa mientras se resuelve la apelación. El expediente fue asignado al Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 21 de julio de 2025, quien ahora conoce y decidirá sobre la apelación.

Consideraciones y fundamentos del auto

El Tribunal, a través del auto firmado por la magistrada ponente, resolvió admitir los recursos de apelación presentados por las partes, en atención a lo previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). En particular, se fundamentó en los siguientes aspectos normativos:

• Apelabilidad: Conforme al artículo 243 del CPACA, las sentencias de primera instancia son apelables, legitimando así la presentación de los recursos.
• Oportunidad: De acuerdo con el artículo 247.1 del CPACA, los recursos fueron interpuestos dentro del término legal de diez días siguientes a la notificación.
• Procedimiento posterior: En cumplimiento del numeral 5 del artículo 247 del CPACA, el Tribunal ordenó que, concluido el término para la presentación de alegatos y en caso de no decretar pruebas adicionales, se remita el expediente para la emisión de sentencia en segunda instancia.

Además, el auto estipula la notificación de la decisión a las partes mediante estado y ordena la notificación personal al agente del Ministerio Público, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 198 de la Ley 1437 de 2011. Por otro lado, se estableció que toda actuación y documentación relacionada con el expediente debe gestionarse exclusivamente a través de la ventanilla virtual del aplicativo web SAMAI, asegurando la transparencia y trazabilidad del proceso.

Implicaciones procesales

La admisión de los recursos de apelación implica que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca analizará nuevamente los argumentos y fundamentos jurídicos de la sentencia proferida en primera instancia. Este paso es fundamental en el derecho administrativo, pues garantiza el doble control jurisdiccional en procesos de reparación directa que involucran al Estado y sus entidades. Este procedimiento contribuye a la correcta administración de justicia, al permitir que las partes cuestionen y busquen la revisión de decisiones que consideran injustas o incorrectas, en un marco de garantías procesales y respeto a los principios constitucionales.

Conclusión

Mediante este auto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca asegura el cumplimiento de los procedimientos legales para la revisión en segunda instancia de una sentencia de primera instancia en un proceso complejo que involucra a varias entidades estatales en materia ambiental y territorial. La decisión refleja la importancia de respetar los derechos procesales de las partes y la adecuada tramitación de los recursos en el sistema judicial administrativo colombiano, garantizando así un proceso justo y transparente para todas las partes implicadas.