Contexto y naturaleza de la providencia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en su Sección Primera, Subsección B, emitió un auto que resuelve la solicitud de prórroga presentada por la Procuraduría General de la Nación y reitera un requerimiento a Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. La decisión se enmarca en el expediente judicial número 25000 -23-24-000-2010-00714 -01, promovido por la Contraloría General de la República, que busca la protección de derechos e intereses colectivos en relación con contratos estatales.

Antecedentes fácticos y procesales

El caso tiene como origen la supervisión y control de contratos de obra pública relacionados con el contrato SOP -A-247-2007 y los contratos PAF -ATF -0-012-2018 y PAF -ATF-I-025-2018, que involucran obras ejecutadas en el Departamento de Cundinamarca. En este contexto, la Contraloría General de la República presentó la demanda contra un grupo empresarial y otros sujetos, con el fin de salvaguardar la moralidad y el control en la función pública dentro de la contratación estatal. El auto del 27 de junio de 2025 emitido por el tribunal dispuso varios requerimientos dirigidos a Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P y a la Procuraduría General de la Nación. Entre ellos, solicitó información detallada sobre los recursos aportados por el Departamento de Cundinamarca en los contratos mencionados, así como la metodología para su tasación. Además, en relación con un incidente de liquidación de condena, el tribunal ordenó calcular el costo necesario para el desarrollo de actividades orientadas a promover la moralidad y el control en la contratación estatal en los municipios afectados. Para cumplir con esta orden, la Procuraduría General de la Nación propuso la realización de un curso virtual de 20 horas a través de su instituto de estudios, como estrategia para fortalecer la capacidad técnica en el ejercicio de la función pública. Sin embargo, se advirtió que las cotizaciones presentadas para respaldar el valor de esta propuesta carecían de soportes suficientes. Por ello, el tribunal requirió que se aportaran dichos documentos y que se presentara una cotización específica para el curso virtual.

Consideraciones y decisión del tribunal

Al analizar el expediente, el tribunal constató que Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P no había respondido al requerimiento del 27 de junio de 2025. En consecuencia, el despacho judicial ordenó reiterar dicho requerimiento para garantizar el cumplimiento de las obligaciones procesales. Por otra parte, la Procuraduría General de la Nación solicitó una ampliación del plazo para presentar los documentos requeridos, con el fin de ajustar la propuesta inicial del curso virtual a desarrollar. Aunque la solicitud de prórroga fue presentada el 25 de junio de 2025 y ya habían transcurrido sesenta días, el tribunal accedió a conceder una prórroga adicional, pero únicamente por veinte días, con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el auto del 27 de junio. Finalmente, el tribunal reconoció la personería jurídica del apoderado judicial de la Procuraduría General de la Nación, conforme al poder que obra en el expediente, habilitándolo para actuar en representación de dicha entidad.

Impacto y seguimiento

Esta providencia refleja la firmeza del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la exigencia del cumplimiento de sus órdenes dentro de procesos de protección de derechos e intereses colectivos. El auto destaca la importancia de la transparencia y la responsabilidad en la administración de recursos públicos, especialmente en contratos de obra estatal que afectan a comunidades departamentales. Asimismo, la decisión subraya la relevancia de la capacitación y formación en materia de control y moralidad pública como mecanismos para fortalecer la función pública y prevenir irregularidades en la contratación estatal. La reiteración del requerimiento a Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P y la concesión limitada de prórroga a la Procuraduría General de la Nación buscan asegurar la efectividad y prontitud en la ejecución de las medidas ordenadas por el tribunal, garantizando así la protección de los derechos colectivos involucrados en el proceso. La providencia fue firmada electrónicamente por el magistrado ponente de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, asegurando así su autenticidad y validez conforme a la normativa vigente.