Contexto y naturaleza de la decisión

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera - Subsección A, emitió un auto el 16 de septiembre de 2025, en el marco de un proceso de reparación directa contra la Nación – Rama Judicial. La providencia, que tiene carácter de decisión interlocutoria, se centra en el saneamiento del proceso judicial mediante la modificación de la fijación del litigio. La magistrada ponente del tribunal llevó a cabo un análisis minucioso de la demanda y del trámite procesal para corregir un error que podría conducir a una decisión incongruente.

Antecedentes fácticos y procesales

La demanda original fue presentada contra la Nación – Rama Judicial y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en ejercicio del medio de control de reparación directa. El demandante solicitó que se declarara la vulneración de derechos fundamentales y legales, entre ellos el derecho a tener una familia, la dignidad, el buen nombre, garantías judiciales, debido proceso y protección judicial. En particular, se reclamaba responsabilidad patrimonial por daños materiales y morales derivados de dos hechos principales: la negativa a autorizar la preclusión de un proceso penal y la no suspensión de medidas de protección impuestas a menores que afectaron la relación con sus hijos. Durante la tramitación, el tribunal identificó tres títulos de imputación: (i) una supuesta privación injusta de la libertad, (ii) un error judicial en la negativa a la preclusión del proceso penal, y (iii) la omisión del ICBF en no levantar la orden de restricción que impedía el contacto con los menores. Sin embargo, sobre el segundo y tercer punto se declaró la caducidad de la acción y se rechazaron parcialmente las pretensiones correspondientes. Posteriormente, la demanda continuó únicamente contra la Rama Judicial por la imputación de privación injusta de la libertad. Este aspecto fue admitido inicialmente por el tribunal, pero fue objeto de recurso de apelación y posterior estudio en el proceso.

Consideraciones jurídicas de la providencia

El tribunal realizó un análisis detallado de la demanda y del proceso penal que dio origen a las controversias. Se constató que durante el proceso penal seguido contra el demandante por delitos relacionados con acto sexual con menor, nunca se impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad. Por tanto, la imputación de privación injusta de la libertad carecía de soporte fáctico y jurídico. Además, el apoderado demandante ya había señalado en recursos anteriores que la demanda no contenía petición ni hechos relacionados con dicha privación, sino que el daño alegado consistía en el alejamiento del demandante de sus hijos menores y la vulneración de sus derechos fundamentales asociados a esta situación. En virtud de lo anterior, se decidió dejar sin efecto el auto previo que admitió la demanda bajo el título de privación injusta de la libertad, para corregir el objeto litigioso. En su lugar, se modificó la fijación del litigio para que el proceso se circunscriba a determinar la posible responsabilidad de la Rama Judicial en la afectación de derechos fundamentales y legales del demandante, específicamente en cuanto a su derecho a la familia, la dignidad, el buen nombre y las garantías judiciales, por el hecho lesivo consistente en el alejamiento de sus hijos menores.

Implicaciones y continuidad del proceso

Con esta corrección, el tribunal busca asegurar que el proceso avance bajo parámetros adecuados y con una clara delimitación del objeto de la controversia. La providencia ordena continuar con el trámite del proceso conforme a la nueva fijación del litigio, lo que implica un análisis riguroso de la responsabilidad estatal ante la vulneración de derechos fundamentales en contextos familiares y judiciales. Este caso evidencia la importancia del control riguroso sobre la admisión y fijación del litigio en procesos de reparación directa, evitando que errores procesales conduzcan a decisiones incongruentes o a desviaciones del objeto de la demanda.

Conclusión

El auto del Tribunal Administrativo de Cundinamarca modifica la fijación del litigio en el proceso de reparación directa contra la Rama Judicial, eliminando la imputación de privación injusta de la libertad y centrando el análisis en la posible afectación de derechos fundamentales por el alejamiento del demandante de sus hijos menores. Esta decisión refleja un ejercicio cuidadoso del control de legalidad y un saneamiento procesal que contribuye a la correcta administración de justicia en materia de responsabilidad estatal. La providencia destaca la relevancia de la precisión en la formulación de pretensiones y en la valoración de los hechos para garantizar que los procesos judiciales se desarrollen conforme a los principios del debido proceso y la protección judicial, promoviendo así una tutela efectiva de los derechos fundamentales en el ámbito judicial y familiar.