Contexto y tribunal competente

La providencia fue emitida por la Sección Cuarta - Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el marco de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado contra el Ministerio de Minas y Energía. El proceso se encuentra en la etapa previa a la audiencia de pruebas, conforme a lo previsto en el artículo 181 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA).

Antecedentes fácticos y procesales

El litigio se originó con la demanda presentada en 2017 contra tres resoluciones expedidas por el Ministerio de Minas y Energía. Estas resoluciones establecen metodologías para determinar los volúmenes máximos de combustibles líquidos que están excluidos de IVA y exentos de arancel e impuesto nacional, específicamente para municipios reconocidos como zonas de frontera, y regulan su distribución a estaciones de servicio habilitadas. Tras la admisión de la demanda, se llevó a cabo la Audiencia Inicial en octubre de 2019, donde se decretó la práctica de prueba documental y pericial, con el fin de evaluar aspectos técnicos como la metodología aplicada, la estructura de precios, la comercialización y el comportamiento del mercado de combustibles en las zonas fronterizas involucradas. Sin embargo, la ejecución de la prueba pericial enfrentó serias dificultades. Inicialmente, se solicitó a un profesional economista con experiencia en econometría para elaborar el dictamen requerido. Diversas instituciones y expertos consultados declararon no contar con la especialización técnica necesaria para realizar este peritaje. Posteriormente, el auxiliar de la justicia designado renunció a la realización del dictamen por falta de experiencia específica. Ante esta circunstancia, y tras varios requerimientos a facultades universitarias especializadas, no se logró nombrar un perito idóneo para llevar a cabo el análisis técnico. Finalmente, la parte demandante desistió de la prueba pericial decretada, dado que no se pudo garantizar su adecuada ejecución.

Consideraciones jurídicas y fundamento de la decisión

Ante la imposibilidad práctica de llevar a cabo la prueba pericial y la proximidad de la audiencia de pruebas, la magistrada ponente hizo referencia a la reforma legislativa introducida por la Ley 2080 de 2021, que adicionó el artículo 182 A al CPACA. Esta norma incorpora la figura de la sentencia anticipada en los procesos contencioso administrativos, permitiendo dictar una decisión definitiva sin agotar todas las etapas procesales tradicionales, siempre que las partes así lo acuerden. El objetivo de esta reforma es promover la celeridad y eficiencia en la administración de justicia, proporcionando herramientas para descongestionar la jurisdicción contencioso administrativa y evitar dilaciones innecesarias en los procesos. En aplicación de dicho precepto, la magistrada comunicó a las partes la posibilidad de solicitar, de común acuerdo y dentro de un término de diez días, la expedición de sentencia anticipada. En caso de aceptarse, se adecuará el trámite procesal conforme a esta figura, permitiendo así la conclusión del proceso sin necesidad de realizar la audiencia de pruebas pendiente.

Conclusión y notificaciones

La providencia, emitida el 16 de septiembre de 2025, ordena notificar a las partes y al agente del Ministerio Público, garantizando el uso de mecanismos electrónicos para el intercambio de comunicaciones. Se recuerda que los memoriales deben presentarse a través de la ventanilla virtual habilitada para estos fines. Este pronunciamiento refleja la aplicación práctica de las reformas procesales recientes y la adaptación de la jurisdicción administrativa a los retos que implica la producción de prueba especializada en materias técnicas complejas, en procura de una justicia más ágil y efectiva. Este caso pone en evidencia la importancia de la innovación normativa para superar obstáculos en los procesos judiciales administrativos y la búsqueda constante de mecanismos que permitan una administración de justicia eficiente, sin sacrificar las garantías procesales ni la calidad de las decisiones.