Contexto y naturaleza de la decisión

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en su Sección Primera, Subsección B, emitió un auto el 15 de septiembre de 2025, en el expediente relacionado con un proceso de protección de los derechos e intereses colectivos. La providencia se pronuncia sobre la admisión de pruebas en el proceso que tiene como demandado a la Agencia Nacional de Minería (ANM), en el marco de un litigio promovido por una organización de la sociedad civil y con la participación de otros actores procesales. Este tipo de decisiones procesales son fundamentales para delimitar el alcance probatorio que orientará la resolución de fondo del conflicto jurídico, asegurando que solo los elementos pertinentes y relevantes sean valorados por el tribunal.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso judicial se originó a partir de una demanda presentada por una organización dedicada a la defensa del Estado de Derecho, contra la Agencia Nacional de Minería, cuestionando actos administrativos relacionados con la gestión y autorización de actividades mineras. En la etapa previa, se llevó a cabo una audiencia especial de pacto de cumplimiento, que concluyó sin llegar a un acuerdo entre las partes, lo que motivó la continuación del trámite judicial. Durante la fase probatoria, las partes involucradas presentaron solicitudes para que se admitieran diversos documentos y testimonios que sustentaran sus posiciones. Entre quienes solicitaron pruebas están la parte actora, una empresa del sector minero que interviene como tercero interesado y la Agencia Nacional de Minería como demandada, así como un coadyuvante del proceso representando a una red de veedurías ciudadanas.

Consideraciones y decisión del Tribunal

El Tribunal valoró en primer término los documentos aportados por la parte actora, admitiéndolos como pruebas con el valor que en derecho corresponde. De igual forma, aceptó los documentos presentados por la empresa interveniente en el proceso. Respecto a las pruebas solicitadas por la Agencia Nacional de Minería, el Tribunal admitió ciertos documentos y decretó la práctica de testimonios de dos funcionarios expertos del Grupo de Catastro y Registro Minero de dicha entidad. Se estableció que estos testimonios se realizarán de manera virtual y que la fecha será fijada posteriormente mediante auto. Además, el Tribunal se reservó la facultad de limitar el número de testimonios si considera que los ya recibidos son suficientes para resolver el caso, conforme a lo previsto en el artículo 212 del Código General del Proceso, aplicable por remisión del artículo 211 de la Ley 1437 de 2011. Por otro lado, el Tribunal denegó la solicitud de interrogatorio formulada por la parte actora, fundamentando su decisión en la jurisprudencia del Consejo de Estado que señala que los demandantes en acciones populares actúan en representación de la comunidad y no a título personal, lo que limita esta figura probatoria en este contexto. En relación con las pruebas solicitadas por el coadyuvante, el Tribunal admitió los documentos presentados, pero denegó dos testimonios específicos: uno solicitado para que un funcionario del Grupo de Registro Minero de la ANM aclarara un trámite relacionado con autorizaciones temporales; y otro solicitado para que el representante legal de la empresa interveniente rindiera testimonio. La negativa se basó en que el primer testimonio ya había sido decretado para el mismo objeto y que el segundo no cumplía con los requisitos formales establecidos en el artículo 212 del Código General del Proceso, aplicable por remisión del artículo 44 de la Ley 472 de 1998.

Importancia procesal y garantías

El auto destaca la rigurosidad con la que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca analiza la pertinencia y utilidad de las pruebas en procesos colectivos. La decisión garantiza el equilibrio entre la amplitud probatoria necesaria para la defensa de derechos colectivos y la racionalidad procesal que evita la acumulación innecesaria de pruebas. Además, la providencia fue firmada electrónicamente, asegurando la autenticidad y conservación del documento conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

Conclusión

Este auto representa un paso relevante en la tramitación del proceso de protección de derechos e intereses colectivos contra la Agencia Nacional de Minería, delimitando el acervo probatorio que fundamentará la eventual sentencia. La decisión refleja el compromiso del tribunal con la aplicación estricta del marco legal y la garantía del debido proceso en la defensa de derechos colectivos en Colombia, contribuyendo así a la transparencia y justicia en la gestión de actividades mineras en el país.