Contexto y naturaleza de la providencia
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en primera instancia, emitió un auto el 15 de septiembre de 2025, mediante el cual dispuso dictar sentencia anticipada en un proceso contencioso administrativo. El procedimiento responde a una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por una empresa dedicada al suministro de gas licuado contra actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, autoridad responsable de la vigilancia y control del sector.
La providencia se inscribe dentro del marco normativo previsto en el artículo 182A de la Ley 2080 de 2021, que regula la posibilidad de dictar sentencia anticipada en procesos judiciales cuando no existan pruebas por practicar o cuando las pruebas solicitadas sean exclusivamente documentales y no hayan sido objetadas.
Antecedentes fácticos y procesales
La controversia se centra en la sanción impuesta por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a la empresa demandante, a quien se le acusó de incumplir los requisitos mínimos de distancia de seguridad y volumen de almacenamiento en puntos de venta de gas licuado de petróleo, conforme a la normativa vigente del Ministerio de Minas y Energía. En concreto, la imposición de una multa mediante una resolución administrativa y la posterior resolución que resolvió un recurso de reposición presentado por la empresa, son los actos objeto de la demanda.
En el proceso, la Superintendencia no propuso excepciones previas y limitó su defensa a argumentos sustantivos, los cuales serán analizados en la decisión de fondo. Por su parte, la parte demandante no solicitó la práctica de nuevas pruebas, ni la parte demandada requirió el decreto de pruebas adicionales.
Consideraciones jurídicas de la providencia
El magistrado ponente, tras analizar el expediente, constató que se cumplen las condiciones para aplicar los literales b) y c), numeral 1º, del artículo 182A de la Ley 2080 de 2021, que autorizan dictar sentencia anticipada antes de la audiencia inicial cuando:
- No haya pruebas que practicar.
- Solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación, sin que se haya formulado tacha o desconocimiento sobre ellas.
En este caso, el Tribunal reconoció y admitió las pruebas documentales aportadas por ambas partes, incluyendo los archivos relacionados con los antecedentes administrativos y anexos presentados desde la demanda y la contestación. Además, se evidenció la ausencia de solicitudes para practicar nuevas pruebas o para controvertir las documentales.
De acuerdo con lo anterior, el Tribunal decidió no convocar a la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, y en su lugar, resolver preliminarmente sobre las excepciones previas, fijar el objeto del litigio, definir las pruebas admitidas y correr traslado para que las partes presenten sus alegatos de conclusión, conforme al procedimiento.
Procedimiento siguiente y reconocimiento de apoderados
El auto establece un término de diez (10) días para que las partes presenten sus alegatos de conclusión por escrito. Asimismo, se habilita el término para que el agente del Ministerio Público emita concepto dentro del mismo plazo.
En cuanto a la representación procesal, el Tribunal reconoció la personería jurídica del apoderado de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, conforme al poder especial otorgado y debidamente acreditado en el expediente.
Importancia del auto y marco normativo aplicado
Este auto es relevante porque aplica una figura procesal que busca agilizar la administración de justicia en casos donde el material probatorio es suficiente y no se requiere practicar pruebas adicionales. La sentencia anticipada, regulada en el artículo 182A de la Ley 2080 de 2021, permite evitar dilaciones innecesarias y optimizar el trámite judicial en la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
El Tribunal fundamenta su decisión en el respeto a las garantías procesales y en la claridad del objeto de la controversia, que en este caso se centra en la validez y legalidad de las resoluciones sancionatorias impuestas por la autoridad administrativa en materia de servicios públicos domiciliarios.
Conclusión
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, mediante un auto de septiembre de 2025, dispuso dictar sentencia anticipada en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. La decisión se basa en la normativa vigente que permite esta figura cuando no hay pruebas adicionales que practicar y las documentales aportadas no son objetadas. Se corre traslado para alegar de conclusión, dando cumplimiento al debido proceso y garantizando la adecuada resolución del litigio, lo que contribuye a una administración de justicia más eficiente y pronta para las partes involucradas.
