Contexto y tribunal competente

La Sección Segunda - Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, actuando en segunda instancia, emitió un auto el 15 de septiembre de 2025, en el marco de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Fiscalía General de la Nación. Este proceso fue iniciado por un servidor público de la Fiscalía, quien demandó la nulidad de actos administrativos que negaron el reconocimiento y pago de una bonificación judicial con carácter salarial, y solicitó el restablecimiento de sus derechos económicos y prestacionales derivados de dicha bonificación.

Antecedentes fácticos y procesales

El demandante, servidor público vinculado a la Fiscalía General de la Nación, solicitó que se declarara la nulidad de los actos administrativos emitidos por la Subdirección Seccional de Apoyo a la Gestión y la Subdirección de Talento Humano de dicha entidad. Estos actos negaron el pago de la bonificación judicial establecida en el Decreto 382 de 2013 y su reglamentación posterior mediante diversos decretos. El reclamante argumentó que esta bonificación debería ser reconocida como remuneración mensual con carácter salarial, lo que implica su inclusión en la base para el cálculo de prestaciones sociales tales como primas, cesantías, intereses y demás emolumentos legales. El proceso se caracteriza por un debate estrictamente jurídico, sin controversia sobre hechos que requieran la práctica de pruebas adicionales, ya que las partes aportaron únicamente documentos para sustentar sus posiciones.

Consideraciones jurídicas y fundamento de la decisión

El Tribunal fundamenta su decisión en el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, que adicionó el artículo 182A a la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA), permitiendo dictar sentencia anticipada cuando el proceso versé sobre un asunto de puro derecho y exista prueba suficiente para resolver. En este caso, al no requerirse la práctica de pruebas adicionales y constar en el expediente las documentales aportadas, el Tribunal consideró viable y procedente la sentencia anticipada por escrito, omitiendo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 del CPACA. El problema jurídico planteado se centra en determinar si los actos administrativos que negaron la bonificación judicial y su reconocimiento con carácter salarial deben declararse nulos por violación al ordenamiento legal, y en consecuencia, si procede el pago actualizado de las prestaciones sociales derivadas de dicho reconocimiento desde la fecha de posesión del servidor público hasta la actualidad. Además, la entidad demandada presentó excepciones sobre la constitucionalidad del carácter salarial de la bonificación, prescripción extintiva, cobro de lo no debido, cumplimiento de deber legal y buena fe. Sobre la excepción de prescripción, el Tribunal anunció que se resolverá mediante la sentencia anticipada.

Próximos pasos y procedimiento

El auto ordena a las partes presentar sus alegatos de conclusión por escrito en un plazo de diez días contados a partir de la notificación. Posteriormente, la Sala dictará la sentencia correspondiente en escrito, valorando las pruebas documentales conforme a las reglas de la sana crítica. También se solicitó a la Secretaría del Tribunal que oficie a la Fiscalía General de la Nación para que aporte información administrativa y certificación laboral del servidor público demandante, dentro de un término de diez días. El Tribunal resaltó el deber de colaboración de las partes para facilitar la práctica de pruebas y diligencias, conforme a los artículos 78 del Código General del Proceso y 211 y 306 del CPACA.

Importancia y alcance de la decisión

Esta providencia refleja la aplicación de mecanismos procesales que buscan agilizar la administración de justicia en asuntos donde no existen controversias fácticas, permitiendo a los tribunales concentrarse en el análisis jurídico del caso. El uso de la sentencia anticipada contribuye a evitar dilaciones innecesarias cuando las pruebas aportadas son suficientes y el debate es estrictamente legal. En cuanto al fondo, el caso aborda la interpretación del carácter salarial de una bonificación judicial establecida por decreto y reglamentada por una entidad estatal, y su impacto en el reconocimiento de prestaciones sociales para los servidores públicos. Este tipo de procesos tiene relevancia para el sector público y para la protección de los derechos laborales y prestacionales de quienes prestan servicios al Estado. La resolución definitiva que se dictará tras los alegatos de conclusión será clave para definir la procedencia del reconocimiento económico reclamado y establecerá criterios sobre la aplicación de bonificaciones con carácter salarial en el ámbito de la administración pública. La providencia fue firmada electrónicamente por el Magistrado Ponente y la Sala Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, garantizando su integridad y autenticidad conforme a las disposiciones legales vigentes sobre el uso de tecnologías de la información en la administración judicial.