Contexto y tribunal competente

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en su Sección Segunda – Sala Transitoria, pronunció un auto dentro del expediente relacionado con un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral contra la Nación – Rama Judicial. La providencia fue emitida en primera instancia el 16 de septiembre de 2025, por el magistrado ponente encargado del caso. El medio de control empleado fue la nulidad y restablecimiento del derecho, procedimiento utilizado para impugnar actos administrativos que afectan derechos fundamentales.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso fue iniciado por un demandante que ostenta diversos cargos dentro de la Rama Judicial, incluyendo empleado judicial, juez de la República y magistrado de tribunal, con una vinculación laboral que se extiende desde 1994 hasta la actualidad. El conflicto gira en torno a la correcta liquidación de su salario y prestaciones sociales, específicamente sobre la bonificación judicial establecida en el artículo 1 del Decreto 383 de 2013. El demandante reclamó la nulidad de una resolución administrativa que, según él, omitió reconocer el 30% adicional de la prima especial de servicios en la base para la liquidación de sus prestaciones sociales, tomando únicamente el 70% del salario básico mensual. Además, alegó la existencia de un acto administrativo fictamente negativo debido al silencio de la entidad frente al recurso de apelación presentado.

Consideraciones jurídicas de la providencia

La providencia inició con el análisis del decreto de pruebas, concluyendo que los documentos en el expediente, entre ellos la resolución impugnada y la certificación laboral expedida por la entidad demandada, eran suficientes para resolver el asunto sin necesidad de nuevas pruebas. Por ello, se procedió a fijar el litigio conforme a las normas procesales vigentes. La decisión se fundamentó en el literal D del numeral primero del artículo 182ª de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, que faculta al tribunal para dictar sentencia anticipada antes de la audiencia inicial cuando se cumplen determinados requisitos, entre ellos la suficiencia probatoria. El tribunal estableció que debía determinar la naturaleza jurídica de la bonificación judicial prevista en el Decreto 383 de 2013 para valorar si la entidad demandada había cumplido con su obligación de reconocer y liquidar correctamente esta bonificación como parte del salario y, por ende, en el cálculo de prestaciones sociales. Asimismo, se planteó la necesidad de verificar si la liquidación realizada por la entidad, conforme al Decreto 272 de 2021, era adecuada, especialmente en lo referente a la inclusión de la prima especial de servicios en la nómina del demandante.

Resolución y procedimiento siguiente

El auto dictado otorgó valor probatorio a las documentales aportadas, fijó el litigio conforme a las pretensiones y hechos expuestos, y ordenó correr traslado a las partes y al Ministerio Público para que presenten sus alegatos de conclusión en un término común de diez días. Esta etapa procesal busca que las partes expongan sus argumentos finales antes de que el tribunal profiera sentencia. La providencia también estableció que el expediente se encuentra disponible para consulta en la plataforma electrónica SAMAI, lo que garantiza transparencia y acceso público al proceso.

Importancia de la decisión

Esta providencia resulta relevante porque aplica de manera efectiva la figura de la sentencia anticipada en procesos administrativos laborales, lo cual agiliza la administración de justicia cuando las pruebas son concluyentes. Además, aborda un tema jurídico fundamental en la relación laboral con la Rama Judicial: la correcta liquidación de salarios y prestaciones sociales, especialmente en lo referente a bonificaciones especiales que deben ser consideradas como parte del salario. La decisión también pone de manifiesto la importancia del marco normativo que regula las bonificaciones judiciales y la liquidación de prestaciones, destacando los decretos y leyes aplicables que buscan garantizar la protección de los derechos laborales de los servidores públicos judiciales. En conclusión, el auto del Tribunal Administrativo de Cundinamarca representa un paso relevante en el proceso judicial que busca definir derechos laborales de servidores públicos judiciales, aplicando normas procesales y sustantivas para asegurar un adecuado análisis y resolución del conflicto, contribuyendo así a la justicia laboral en el sector público.