Contexto y naturaleza de la decisión

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en su Sección Segunda – Subsección “A”, profirió un auto mediante el cual remitió un proceso judicial a otra jurisdicción. Se trata de un auto dictado por el magistrado ponente en ejercicio, que resuelve sobre la competencia territorial para conocer un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Esta providencia no resuelve el fondo del asunto, sino que determina cuál es el tribunal competente para continuar con el trámite del proceso.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso se originó con la presentación de una demanda, en marzo de 2019, por parte de una servidora pública que ejerció funciones como fiscal delegada ante jueces municipales y promiscuos en la dirección seccional correspondiente. La demandante promovió un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Fiscalía General de la Nación y otros, solicitando la nulidad por inconstitucionalidad de varios artículos de decretos relacionados con la prima especial de servicios para ciertos servidores públicos, así como el reconocimiento y pago de sumas de dinero derivadas de dicha prima y prestaciones sociales conexas. Entre las pretensiones, se destaca la solicitud de declaración de nulidad de normas que establecen una prima especial equivalente al 30% del salario básico mensual para determinados cargos en la Fiscalía General de la Nación. Además, se pide el reconocimiento económico por concepto de esta prima y sus efectos en prestaciones sociales y laborales, desde el año 1993 hasta la fecha de la demanda y en adelante.

Consideraciones jurídicas y fundamentación de la remisión

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca observó que, conforme al artículo 156 de la Ley 1437 de 2011, que regula la competencia por razón del territorio en procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, la competencia se determina por el último lugar donde se prestaron o debieron prestarse los servicios. En este caso, la demandante se encontraba posesionada como fiscal delegada en la dirección seccional del Cauca al momento de la presentación de la demanda, sin que se haya reportado retiro posterior. Adicionalmente, el Tribunal tuvo en cuenta el Acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura número PCSJA25-12255 de enero de 2025, que creó salas transitorias en la jurisdicción contencioso administrativa para atender procesos originados en reclamaciones salariales y prestacionales promovidas por servidores judiciales y otros servidores públicos con régimen similar. Dichas salas transitorias tienen competencia para conocer los procesos en primera y segunda instancia, según corresponda. En virtud de lo anterior, el Tribunal concluyó que la competencia territorial adecuada para este proceso corresponde al Distrito Judicial Administrativo de Cauca, cuyo conocimiento está asignado a la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, creada para atender este tipo de reclamaciones en la región. Así, el auto ordena la remisión del expediente a dicha Sala Transitoria para que continúe con el trámite correspondiente, en cumplimiento de las normas procesales vigentes y la distribución territorial de la competencia.

Implicaciones y procedimiento

La providencia destaca que se suscribe mediante firma electrónica, conforme al inciso segundo del artículo 2° de la Ley 2213 de 2022, garantizando la integridad y autenticidad del acto mediante el sistema digital del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Por último, la decisión fue notificada a las partes, cumpliendo con los requisitos de publicidad y debido proceso, y se ordena la remisión inmediata del expediente para evitar dilaciones en la administración de justicia.

Conclusión

Este auto del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ejemplifica la correcta aplicación de las reglas de competencia territorial en procesos contencioso administrativos de naturaleza laboral y salarial. Además, pone de relieve la organización jurisdiccional mediante la creación de salas transitorias especializadas para optimizar la atención de reclamaciones salariales y prestacionales de servidores públicos, asegurando una administración judicial eficiente y acorde con la ley. De esta manera, se fortalece el acceso a la justicia y se promueve una adecuada tutela de los derechos laborales y prestacionales de los servidores públicos en Colombia.