Entidades emisoras, fecha y contexto normativo

La Resolución 000226 fue expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) el 19 de septiembre de 2025, y publicada en el Diario Oficial No. 53.251 el 22 de septiembre de 2025. Esta actualización se fundamenta en diversas normas previas, entre ellas la Ley 1221 de 2008 que promovió el teletrabajo como modalidad laboral, el Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015 y sus modificaciones, así como leyes recientes como la Ley 2466 de 2025 que introdujo nuevas definiciones y modalidades de teletrabajo. Además, esta resolución se inscribe en el marco de políticas públicas orientadas a la modernización administrativa, la austeridad del gasto público y la protección de los derechos laborales en el contexto digital.

Objeto y destinatarios de la resolución

El objetivo principal es actualizar y reglamentar la política institucional de teletrabajo en la DIAN y dictar lineamientos para su implementación efectiva. La resolución va dirigida a los servidores públicos de esta entidad que voluntariamente deseen acogerse a esta modalidad laboral, siempre que sus funciones sean teletrabajables y cumplan con los criterios y condiciones establecidos. Este enfoque es crucial para garantizar la adecuada prestación del servicio público, asegurando que el teletrabajo se implemente bajo parámetros claros que equilibren la eficiencia institucional con el bienestar del empleado.

Principales decisiones y regulaciones

La resolución establece varias decisiones clave:

• Modalidades de teletrabajo: Se privilegia el teletrabajo híbrido con días variables (dos o tres días semanales) como modalidad general, permitiendo alternancia entre el domicilio y las instalaciones de la entidad. Además, se contemplan modalidades autónomas y temporales o emergentes, con autorizaciones específicas y limitadas.
• Voluntariedad y reversibilidad: El teletrabajo es voluntario para ambas partes y puede revertirse cuando las circunstancias o el desempeño lo ameriten.
• Condiciones y requisitos: Se establecen requisitos para postularse, incluyendo permanencia mínima en la entidad, evaluaciones de desempeño y capacitación, así como criterios excepcionales para personas con condiciones médicas especiales o situaciones particulares.
• Seguridad de la información y protección de datos: Se regulan estrictamente las obligaciones del teletrabajador en materia de confidencialidad, uso de TIC y manejo de datos personales, conforme a manuales institucionales y normativas vigentes.
• Derechos y deberes: Se garantizan los derechos laborales, de capacitación, bienestar y desconexión, así como un conjunto detallado de obligaciones para los teletrabajadores y la entidad que supervisa y facilita las condiciones tecnológicas y organizacionales.
• Comité de Revisión de Teletrabajo: Se crea una instancia para evaluar solicitudes que no cuenten con concepto favorable del jefe inmediato, garantizando imparcialidad en las decisiones.
• Reversibilidad: Se definen causales claras para la terminación o suspensión del teletrabajo, con plazos y procedimientos para el retorno presencial.

Base legal y modificaciones normativas

Esta resolución se fundamenta en la Ley 1221 de 2008 y sus reglamentos, el Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015 y sus modificaciones, la Ley 2191 de 2022 sobre desconexión laboral, la Ley 2466 de 2025 que actualizó definiciones y modalidades, y el Decreto 1227 de 2022 que eliminó barreras para el teletrabajo. Además, deroga en su totalidad las Resoluciones 496 de 2022, 001257 de 2022 y 001298 de 2022, consolidando y actualizando la política institucional vigente.

Plazos y transición

La implementación de la resolución cuenta con un plazo de seis meses para su puesta en marcha. Durante este periodo, los servidores públicos con autorizaciones vigentes deberán realizar una nueva postulación conforme a los nuevos términos y condiciones. Transcurrido este plazo, las autorizaciones anteriores perderán vigencia, asegurando la adecuada transición hacia el nuevo marco regulatorio.

Impacto potencial

Esta resolución representa un avance en la regulación del teletrabajo en el sector público, adaptándose a las transformaciones tecnológicas y sociales actuales. Al promover modalidades flexibles y seguras, busca mejorar la eficiencia institucional, reducir costos operativos y fortalecer el equilibrio entre vida laboral y personal de los servidores públicos. Además, refuerza la protección de la información y los derechos laborales, contribuyendo a una administración pública más ágil, sostenible y alineada con estándares modernos de gestión del talento humano. En síntesis, la Resolución 000226 de 2025 de la DIAN marca un hito en la institucionalización del teletrabajo, estableciendo un marco normativo integral que responde a las necesidades organizacionales y sociales del presente, y que permitirá una mejor adaptación a los retos del trabajo remoto en el sector público.