Propósito general y objetivo principal del proyecto
El proyecto de resolución tiene como propósito reglamentar el artículo 30 de la Ley 101 de 1993 en relación con las condiciones de representatividad nacional de actividades agropecuarias, pesqueras y forestales. Busca fortalecer los mecanismos democráticos para la elección y conformación de los órganos directivos de los fondos de fomento que administran recursos parafiscales, promoviendo la transparencia, la pluralidad y la inclusión de sectores vulnerables y subrepresentados. El objetivo principal es optimizar la gestión de estos recursos y garantizar que los beneficiarios, especialmente mujeres rurales, jóvenes campesinos, víctimas del conflicto armado y productores de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC), tengan una participación efectiva y equitativa en las instancias de decisión.
Nuevas disposiciones y mecanismos introducidos
El proyecto adiciona y sustituye artículos en el Decreto 1071 de 2015 para establecer un procedimiento claro y detallado para la convocatoria y realización de elecciones democráticas en los órganos directivos de los fondos parafiscales agropecuarios y pesqueros. Entre las innovaciones se incluyen:
- Publicación semestral de informes de balance social y ambiental que reflejen los avances e impactos de los fondos en beneficio de los productores.
- Garantía de transparencia y publicidad en todos los procedimientos contractuales, con difusión en plataformas como SECOP y sitios web oficiales.
- Evaluación semestral de indicadores de eficiencia, eficacia e impacto de los fondos en relación con las políticas agropecuarias sectoriales.
- Implementación de programas de ética y transparencia acorde con las leyes vigentes para la administración de los recursos.
- Definición de un proceso electoral democrático que asegure la participación amplia, plural y equitativa de los sujetos pasivos de la parafiscalidad, con especial atención a mujeres rurales, jóvenes y productores de regiones subrepresentadas.
- Establecimiento de garantías de representación mínima, asegurando que al menos el 50% de los cargos directivos sean ocupados por mujeres de forma progresiva, y que se incluya a pequeños y medianos productores de zonas con baja representación.
- Creación de un comité verificador conformado por representantes del Ministerio y entidades de control para supervisar los procesos electorales.
- Facilidades para la inscripción de candidaturas, permitiendo formatos digitales y analógicos, y promoviendo la igualdad material mediante medidas afirmativas.
- Requisitos mínimos para los candidatos, incluyendo experiencia laboral, cumplimiento de obligaciones parafiscales y condiciones legales.
Acciones y regulaciones específicas
El proyecto establece que las convocatorias electorales deben realizarse con una antelación mínima de cuatro meses, con amplia difusión en medios nacionales, regionales y comunitarios. También se incluye la obligación de informar los resultados electorales al Ministerio de Agricultura en un plazo máximo de diez días hábiles, con procedimientos claros para la impugnación y resolución de conflictos.
Además, se garantiza la autonomía administrativa de los contratistas administradores de los fondos, siempre en cumplimiento de los controles públicos y con un marco que protege la libertad de asociación y autogobierno interno.
El proyecto estipula la incorporación de criterios específicos en el manual de contratación del Ministerio para verificar el cumplimiento de estas garantías democráticas a partir del 31 de diciembre de 2025.
Impacto esperado y alcance
La implementación de este proyecto busca promover la participación democrática efectiva en la administración de recursos parafiscales, fortaleciendo la gobernanza en el sector agropecuario, pesquero y rural. Se espera que esta reglamentación contribuya a una distribución más equitativa de beneficios y cargas, favoreciendo especialmente a mujeres rurales, jóvenes y pequeños productores, así como a víctimas del conflicto armado.
Además, al garantizar transparencia, ética y rendición de cuentas, el proyecto apunta a incrementar la confianza en la gestión pública y privada de estos recursos, alineándose con objetivos estratégicos nacionales de desarrollo rural sostenible, equidad de género y fortalecimiento de la agricultura campesina y comunitaria.
Participación de actores clave
Los principales actores involucrados en la implementación de este proyecto son las entidades gremiales y asociaciones campesinas que administran los fondos parafiscales, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, los contratistas administradores de los fondos, y las autoridades de supervisión y control como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría.
Asimismo, se contempla la participación activa de los sujetos pasivos de la parafiscalidad, incluidos pequeños y medianos productores, mujeres rurales, jóvenes campesinos y víctimas del conflicto armado, garantizando que sus intereses y derechos sean representados en los órganos directivos de los fondos.
Este proyecto de resolución se encuentra en etapa de consulta pública y busca consolidar un marco normativo que asegure la legitimidad democrática, la transparencia y la inclusión en la administración de recursos fundamentales para el desarrollo agropecuario y rural del país. Su aprobación y puesta en marcha marcarán un paso decisivo hacia una gestión más justa, participativa y eficiente de los recursos parafiscales, fortaleciendo el sector rural y contribuyendo al bienestar de las comunidades productoras.
