Proyecto de Resolución del Ministerio de Transporte suspende cobro de tarifas en Peaje San Luis de Gaceno hasta enero de 2026
Proviene de: Proyectos de Resolución
29 de septiembre de 2025 16:8:57
Propósito general y objetivo del proyecto
El proyecto de resolución tiene como propósito principal suspender el cobro de las tarifas establecidas para todas las categorías vehiculares en la Estación de Peaje de San Luis de Gaceno, como una medida excepcional para atender la situación de calamidad pública declarada en la región debido a la ola invernal. El objetivo es mitigar los impactos sociales y económicos generados por las graves afectaciones a la infraestructura vial, promoviendo la libre circulación y facilitando el acceso de los usuarios afectados.
Nuevas disposiciones y medidas específicas propuestas
Este proyecto de resolución establece la suspensión temporal del cobro de las tarifas definidas en la Resolución No. 0000981 de 2015 y sus modificaciones posteriores, vigentes en el contrato de concesión bajo el esquema de Asociación Público Privada (APP) No. 009 de 2015, que regula el proyecto Transversal del Sisga. La suspensión aplicará a todas las categorías vehiculares, desde la entrada en vigencia de este acto administrativo y hasta el 15 de enero de 2026, inclusive.
Asimismo, se prevé que a partir del 16 de enero de 2026 se reanude el cobro de las tarifas conforme a los valores establecidos en la normativa vigente o cualquier modificación que se adopte posteriormente. La resolución regirá a partir del día siguiente a su publicación en el Diario Oficial.
Impacto y alcance potencial
La suspensión del cobro de las tarifas busca garantizar la movilidad segura y accesible en el corredor vial afectado, beneficiando a usuarios, residentes y comunidades aledañas, así como a sectores económicos dependientes de la conectividad vial, como el turismo y la agroindustria. Esta medida responde a la declaratoria de calamidad pública y alerta roja emitida por las autoridades locales y departamentales, que evidencian la afectación grave a la infraestructura vial, incluyendo pérdidas de banca, colapso de muros de contención y cierres de vías.
Además, la suspensión contribuye a atender las solicitudes formuladas por entidades territoriales, organismos de control y veedurías ciudadanas, quienes han señalado la necesidad de medidas extraordinarias para proteger los derechos fundamentales a la movilidad, seguridad y mínimo vital de la población afectada.
Participación de actores clave y fundamentos legales
El proyecto fue elaborado considerando los informes técnicos, operativos, sociales, ambientales, jurídicos y financieros presentados por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el concesionario responsable del proyecto Transversal del Sisga. También se tuvo en cuenta el concepto emitido por la Oficina de Regulación Económica del Ministerio de Transporte, que recomendó garantizar los recursos necesarios para cubrir los impactos económicos derivados de la suspensión.
El Ministerio de Transporte fundamenta su competencia en el artículo 21 de la Ley 105 de 1993 y el Decreto 087 de 2011, que regulan la fijación de peajes y tarifas en la infraestructura nacional de transporte. Además, se observa el cumplimiento de principios constitucionales y legales como la soberanía popular, la intervención estatal, la libre circulación, la integración nacional y la seguridad vial.
La medida fue sometida a consulta pública sin recibir observaciones, y contó con la participación activa de autoridades locales, entes de control, organismos de gestión del riesgo, el concesionario, la ANI y otros actores involucrados en la atención de la emergencia por la ola invernal.
Conclusión
Este proyecto de resolución propone una suspensión temporal del cobro de tarifas en la Estación de Peaje San Luis de Gaceno para atender la emergencia provocada por la ola invernal y sus consecuencias en la infraestructura vial, buscando equilibrar el desarrollo del proyecto de concesión con el bienestar y la movilidad de las comunidades afectadas. La medida refleja una acción articulada entre el Ministerio de Transporte, la ANI, las entidades territoriales y otros actores clave en el marco de la gestión del riesgo y la protección de derechos fundamentales, contribuyendo así a la recuperación de la región y a la garantía de servicios básicos para la población.
Este contenido fue escrito con la asistencia de JurIA, la inteligencia artificial de Avance Jurídico. Además, contó con la revisión del equipo jurídico y del editor.
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