Entidad emisora, número y fecha de la resolución
La resolución fue expedida por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) a través de su Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno, bajo el número 20256060012475 con fecha del 29 de agosto de 2025, y publicada en el Diario Oficial No. 53.258 el 29 de septiembre de 2025.
Tema principal y destinatarios
El tema central es la declaración de saneamiento automático por ministerio de la ley de una franja de terreno de 195,14 metros cuadrados en el municipio de Coveñas, Sucre, necesaria para el desarrollo del proyecto vial “Conexión Antioquia-Bolívar”. La resolución está dirigida principalmente a la Agencia Nacional de Infraestructura como entidad adquirente, y afecta a ocupantes y moradores del predio involucrado. Este grupo es relevante por su vínculo directo con el terreno y por ser destinatarios de compensaciones socioeconómicas.
Objetivo de la resolución
El objetivo es facilitar y garantizar la adquisición predial en favor de la ANI para la ejecución de un proyecto de infraestructura vial considerado de utilidad pública e interés social. La resolución busca acreditar la titularidad del derecho real de dominio a favor del Estado sobre la franja de terreno sin antecedentes registrales claros, mediante la figura legal del saneamiento automático.
Decisiones y regulaciones principales
- Se declara el saneamiento automático del terreno requerido para el proyecto vial, según lo previsto en los artículos 21 y 22 de la Ley 1682 de 2013 y reglamentado por el Decreto 1079 de 2015.
- Se constituye el derecho real de dominio a nombre de la ANI sobre el área señalada, incorporándola al patrimonio de la nación como bien de uso público.
- Se ordena la apertura del folio de matrícula inmobiliaria correspondiente en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Sincelejo y la inscripción del acto administrativo que acredita el dominio estatal.
- Se notifica la resolución a las autoridades locales y al Instituto Geográfico Agustín Codazzi para que actualicen la información catastral y registral en un plazo máximo de dos meses.
- Se reconoce y paga el valor económico correspondiente a mejoras existentes en el predio, en favor de ocupantes y moradores afectados, conforme a la normativa aplicable, incluyendo la Resolución 545 de 2008 y la Ley 1882 de 2018.
Base legal y normatividad aplicable
La resolución se fundamenta en un amplio marco jurídico que incluye:
- Artículo 58 de la Constitución Política de 1991, modificado por el Acto Legislativo 01 de 1999, que garantiza la propiedad privada pero permite expropiación por utilidad pública.
- Ley 388 de 1997 y modificaciones al artículo 10 de la Ley 9ª de 1989, que declaran utilidad pública la adquisición predial para proyectos de infraestructura vial.
- Ley 1682 de 2013 y Decreto 1079 de 2015, que establecen el saneamiento automático para bienes adquiridos para proyectos de infraestructura.
- Ley 1742 de 2014, que optimiza el marco normativo para proyectos de conectividad y competitividad.
- Resoluciones de la ANI y el anterior Instituto Nacional de Concesiones que regulan la gestión social y compensaciones socioeconómicas.
Modificaciones y plazos
La resolución no revoca disposiciones previas, pero aplica y desarrolla las normas vigentes en materia de saneamiento automático para el caso específico del proyecto vial. Establece un plazo máximo de dos meses para la actualización catastral por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y ordena la inscripción inmediata en el registro inmobiliario para garantizar la titularidad estatal.
Impacto potencial
Esta resolución representa un paso fundamental para la ejecución del proyecto vial “Conexión Antioquia-Bolívar”, al asegurar la titularidad del terreno requerido, superando obstáculos relacionados con la inexistencia de registros claros de propiedad. Además, establece un precedente para la aplicación práctica del saneamiento automático en infraestructura pública, garantizando los derechos de los ocupantes mediante reconocimientos económicos. La decisión contribuye a agilizar la infraestructura de transporte, beneficiando la conectividad y desarrollo regional, y fortaleciendo la integración territorial entre los departamentos involucrados.
Con esta medida, se espera que los tiempos de ejecución del proyecto se reduzcan significativamente, permitiendo que la ciudadanía disfrute pronto de las mejoras en movilidad y desarrollo económico que traerá la nueva vía. La ANI reafirma su compromiso con la transparencia y el respeto a los derechos de las comunidades afectadas, asegurando que los procesos se realicen conforme a la ley y con una adecuada compensación social y económica.
Así, el saneamiento automático se consolida como una herramienta eficaz para superar barreras jurídicas en proyectos de infraestructura, promoviendo el desarrollo sostenible y la equidad en las regiones del país.
