Providencia proferida por la Sala Especial de Decisión del Consejo de Estado

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión, expidió el 22 de septiembre de 2025 un auto en el que resuelve la solicitud de desistimiento del recurso extraordinario de revisión presentado contra una sentencia proferida en segunda instancia. La magistrada ponente dictó la decisión, en ejercicio de la competencia atribuida al despacho para resolver providencias interlocutorias.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso se originó tras la interposición de un recurso extraordinario de revisión contra una sentencia del 4 de febrero de 2021, que confirmó parcialmente un fallo previo del Tribunal Administrativo regional. La acción buscaba el reconocimiento y pago de intereses moratorios derivados del pago tardío del retroactivo por homologación y nivelación salarial al personal administrativo adscrito a la Secretaría de Educación regional. El Consejo de Estado admitió el recurso el 30 de junio de 2022 y ordenó notificaciones a las partes involucradas. Posteriormente, el Ministerio de Educación Nacional se pronunció solicitando que se declarara infundado el recurso, mientras que el Ministerio Público y la Secretaría de Educación regional guardaron silencio. El 10 de febrero de 2023 se decretaron pruebas en el proceso. El 19 de noviembre de 2024, la parte demandante presentó solicitud de desistimiento del recurso extraordinario de revisión.

Consideraciones jurídicas de la decisión

El despacho aplicó la Ley 1437 de 2011 y sus modificaciones por la Ley 2080 de 2021, vigentes al momento de interponer el recurso. Asimismo, se aplicó el Código General del Proceso en lo no regulado por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). En cuanto a la competencia, se determinó que el auto que acepta el desistimiento es providencia interlocutoria y, por ello, corresponde a la magistrada ponente su expedición conforme al artículo 125 del CPACA modificado. Sobre el desistimiento, se precisó que el demandante puede desistir de sus pretensiones antes de que se profiera sentencia definitiva que ponga fin al proceso, conforme al artículo 314 del Código General del Proceso y al artículo 268 del CPACA. La solicitud de desistimiento en el caso concreto fue incondicional y contaba con la facultad expresa del apoderado para actuar en representación de la parte demandante. El desistimiento implica la renuncia a las pretensiones y produce efectos equivalentes a una sentencia absolutoria en cuanto a la cosa juzgada. En consecuencia, se aceptó el desistimiento del recurso extraordinario de revisión interpuesto. Respecto a las costas, se aplicaron los artículos 365 y 316 del Código General del Proceso, estableciendo la condena en costas a la parte desistente. No existió acuerdo ni solicitud para exoneración de costas, y se reconoció la labor defensiva del Ministerio de Educación en el asunto. Por ello, se fijaron agencias en derecho equivalentes a un salario mínimo legal mensual vigente a favor de dicho Ministerio.

Decisión final

El Consejo de Estado aceptó el desistimiento del recurso extraordinario de revisión, con las consecuencias legales correspondientes, y condenó en costas a la parte que desistió, fijando el monto de agencias en derecho conforme a la tarifa prevista para este tipo de recursos. Esta providencia ilustra la aplicación práctica del desistimiento en la jurisdicción contencioso administrativa y confirma la competencia del magistrado ponente para resolver este tipo de solicitudes. Además, reafirma el principio de que el desistimiento debe ser incondicional y las consecuencias procesales que conlleva, incluyendo la responsabilidad en costas. Con esta decisión, se consolida la estabilidad jurídica en procesos similares y se envía un mensaje claro sobre la importancia de la adecuada representación y el respeto a los procedimientos establecidos en la administración de justicia.