Contexto y alcance del proyecto de decreto

El proyecto de decreto, anunciado por el Ministerio del Interior en 2025, tendría por objeto dictar normas para la conservación del orden público durante las elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud programadas para el 19 de octubre de 2025, así como para las consultas internas e interpartidistas que se realizarían el 26 de octubre de 2025. Esta iniciativa buscaría complementar y actualizar las disposiciones legales vigentes en materia electoral, tales como la Constitución Política de Colombia, el Decreto Ley 2241 de 1986, la Ley Estatutaria 130 de 1994, la Ley 2494 de 2025 y la Ley Estatutaria 1475 de 2011.

Propósito y grupos afectados

El propósito principal del proyecto sería garantizar el normal desarrollo de los procesos electorales mencionados, protegiendo los derechos y deberes de los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos, así como facilitando la participación ciudadana en condiciones de igualdad y transparencia. Los sectores afectados incluirían a los electores, candidatos, organizaciones políticas, medios de comunicación, autoridades electorales, fuerzas públicas y empresas de transporte, entre otros.

Medidas específicas y modificaciones propuestas

Entre las medidas que se plantearían en el proyecto de decreto, se encuentran:

• Regulación de la publicidad electoral y la propaganda durante las campañas y en los días de elecciones, incluyendo la prohibición de propaganda política en medios de comunicación y espacios públicos el día de las elecciones.
• Establecimiento de parámetros para la transmisión de programas, mensajes y entrevistas con candidatos y dirigentes políticos, garantizando el respeto a la honra, el buen nombre y la intimidad.
• Normas para el acceso y permanencia de testigos electorales en los puestos de votación, así como limitaciones en el uso de equipos electrónicos durante la jornada electoral.
• Disposiciones para el apoyo a sufragantes con limitaciones físicas, incluyendo la posibilidad de ser acompañados al interior del cubículo de votación.
• Obligaciones para concesionarios de servicios de radiodifusión sonora y operadores de televisión en cuanto a pluralismo, equilibrio informativo, imparcialidad y disponibilidad durante las elecciones.
• Medidas para garantizar la movilización ciudadana, estableciendo la obligación de los sistemas masivos y empresas de transporte público de prestar servicio mínimo durante el día electoral, así como autorizaciones especiales para transporte de carga en caso de alteraciones.
• Facultades para autoridades locales y regionales para restringir la circulación de vehículos y controlar la propaganda electoral en espacios públicos.
• Coordinación entre autoridades electorales, de policía y de transporte para garantizar el orden público y la logística electoral.

Participación de actores clave

El proyecto asignaría roles específicos a diversas entidades y actores, tales como:

• El Ministerio del Interior, encargado de la coordinación general, diseño e implementación de mecanismos electorales.
• La Registraduría Nacional del Estado Civil, responsable de la organización electoral, suministro de materiales, realización de escrutinios y transmisión de resultados.
• Las autoridades de policía y de control, encargadas de la vigilancia, decomiso de propaganda ilegal y mantenimiento del orden público.
• Los concesionarios de servicios de radiodifusión sonora y operadores de televisión, responsables del cumplimiento de las normas de publicidad electoral y difusión informativa.
• Los alcaldes y registradores municipales, quienes regularían la propaganda electoral en espacios públicos y coordinarían el acceso equitativo.
• Las empresas de transporte público y sistemas masivos, que deberían garantizar la prestación del servicio durante la jornada electoral.

Acceso al proyecto y participación ciudadana

Aunque el decreto aún se encontraría en etapa de proyecto y no estaría vigente, se esperaría que el Ministerio del Interior y otras entidades involucradas publicaran el texto completo para consulta pública. Asimismo, se podrían habilitar espacios para la recepción de comentarios y aportes de la ciudadanía, partidos políticos, organizaciones y demás interesados, con el fin de enriquecer el contenido y asegurar la transparencia en el proceso de elaboración normativa. Este proyecto de decreto representaría una iniciativa integral para fortalecer la institucionalidad electoral y proteger los derechos políticos en Colombia, mediante la regulación clara y coordinada de aspectos esenciales para el desarrollo de procesos democráticos en el año 2025, contribuyendo a la consolidación de una democracia participativa y respetuosa del orden público.