Propósito General del Proyecto de Resolución
El proyecto de resolución tiene como propósito incorporar formalmente el Procedimiento para la evaluación del control interno contable dentro de los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública. Esta incorporación busca consolidar y actualizar las prácticas y normas relacionadas con el control interno contable, asegurando su coherencia con la legislación vigente y las mejores prácticas de gestión pública.
Objetivo Principal y Beneficios
El objetivo principal del proyecto es fortalecer el sistema de control interno contable en las entidades públicas, promoviendo la adecuada administración de los recursos y la transparencia en la información financiera. Esta medida beneficiará a todas las entidades bajo el ámbito del Régimen de Contabilidad Pública, facilitando un control más riguroso y eficiente que contribuya a la gestión fiscal responsable y a la prevención de riesgos.
Nuevas Disposiciones y Mecanismos Introducidos
Entre las innovaciones que introduce el proyecto, se destaca la articulación del procedimiento con el catálogo indicativo de puntos de riesgo fiscal desarrollado por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), lo que permitirá una evaluación más integral del riesgo fiscal en las entidades públicas. Asimismo, el procedimiento se alinea con las actualizaciones realizadas a otros componentes del Régimen de Contabilidad Pública, incorporando mejoras basadas en la retroalimentación continua y en la revisión permanente de la regulación contable.
Acciones y Regulaciones Específicas
El proyecto establece que la evaluación del control interno contable será responsabilidad del jefe de la oficina de control interno o quien haga sus veces en cada entidad pública. Esta persona deberá realizar la evaluación conforme al procedimiento anexo en la resolución y reportar un informe anual de evaluación. Además, el representante legal y el jefe de la oficina de control interno serán responsables del contenido de dicho informe, el cual deberá presentarse en las fechas y condiciones definidas en las normativas vigentes.
El cronograma de implementación prevé que las entidades tendrán hasta el 31 de diciembre de 2026 para ajustar sus sistemas, políticas y demás instrumentos internos. El primer informe anual bajo este nuevo procedimiento se deberá presentar en 2027, evaluando la gestión realizada durante 2026. Durante 2026, el informe se realizará con base en la normativa anterior.
Impacto y Alcance Potencial
La implementación de este procedimiento busca fortalecer el Sistema Nacional de Control Interno, promoviendo una gestión contable más transparente, eficiente y alineada con los objetivos estratégicos del Estado. Se espera que esta medida contribuya a mejorar la calidad de la información financiera pública, facilitando la toma de decisiones y el control fiscal. Además, al integrar el análisis de riesgos fiscales, se potenciará la prevención y detección temprana de posibles irregularidades.
Participación de Actores Clave
El proyecto involucra a todas las entidades sujetas al Régimen de Contabilidad Pública, incluyendo sus oficinas de control interno y representantes legales. Además, destaca la colaboración entre la Contaduría General de la Nación y el Departamento Administrativo de la Función Pública para la adecuada articulación de los procedimientos y la incorporación de los puntos de riesgo fiscal. Este trabajo conjunto busca garantizar la efectividad y pertinencia del procedimiento en el contexto del control interno público.
La resolución entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2026, derogando la norma anterior relacionada con este procedimiento, con lo cual se espera una transición ordenada hacia el nuevo marco regulatorio. De esta manera, se busca fortalecer la confianza en la gestión pública y optimizar los procesos contables en todas las entidades del sector público.
