Contexto y alcance del proyecto de decreto
El proyecto de decreto, anunciado en 2025 por la Presidencia de la República de Colombia, propondría la adición de un capítulo al Decreto 1081 de 2015, que es el Único Reglamentario del Sector Presidencia. Este nuevo capítulo establecería las directrices para la recuperación postdesastre, articulando la gestión del riesgo de desastres con la adaptación al cambio climático desde un enfoque comunitario. La iniciativa se fundamentaría en la Ley 1523 de 2012, que regula la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, y en las reformas legislativas recientes, entre ellas las leyes 2169 de 2021 y 2474 de 2025.
Propósito y grupos afectados
El propósito central del proyecto sería orientar la preparación y ejecución intersectorial de la recuperación postdesastre, garantizando que las acciones institucionales en los distintos niveles de gobierno sean coordinadas y contribuyan al desarrollo sostenible y al beneficio de las comunidades afectadas. El enfoque comunitario implicaría una participación activa de grupos étnicos, comunidades en situación de vulnerabilidad, sectores públicos y privados, y demás actores sociales, con especial atención a la inclusión y la no discriminación.
Modificaciones y regulaciones propuestas
El proyecto añadiría un capítulo al Decreto 1081 de 2015 que reglamentaría el artículo 61 de la Ley 1523 de 2012, estableciendo:
- La adopción formal de la Estrategia Nacional de Recuperación Resiliente y Adaptada al Cambio Climático con Enfoque Comunitario (ENRRACCEC), que sería parte integral del decreto y estaría disponible para consulta pública en la página web de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
- La definición clara de responsabilidades sectoriales y territoriales, donde los Ministerios y Departamentos Administrativos liderarían los procesos de recuperación en sus sectores, y los gobernadores y alcaldes, con apoyo de los consejos departamentales, distritales o municipales, coordinarían las acciones a nivel territorial.
- La obligación para todos los sectores de publicar lineamientos específicos para la recuperación resiliente en un plazo máximo de un año desde la entrada en vigencia del decreto.
- El establecimiento del Plan de Acción Específico para la Recuperación (PAE) como instrumento técnico y operativo que comprendería acciones de rehabilitación y reconstrucción, con contenidos mínimos que incluyen objetivos, líneas de intervención, presupuesto, cronograma y mecanismos de seguimiento.
- La articulación de la recuperación con otros instrumentos de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y la inclusión de partidas presupuestales para su cumplimiento conforme a la ley.
- La regulación del régimen aplicable para la ejecución de la recuperación postdesastre, basándose en los decretos de declaratoria, prórrogas y retorno a la normalidad, o en su defecto, en el estatuto general de contratación pública.
Acciones y responsabilidades establecidas
El proyecto indicaría que, en situaciones de desastre o calamidad pública, los Ministerios y Departamentos Administrativos serían responsables de la elaboración y ejecución del PAE bajo la coordinación de la UNGRD. A nivel territorial, los gobernadores y alcaldes, en conjunto con los consejos para la gestión del riesgo, tendrían la responsabilidad de incorporar las directrices sectoriales en sus planes de recuperación y ejecutar los PAE correspondientes. El seguimiento y evaluación de estos planes estaría a cargo de la UNGRD en el ámbito nacional y de las oficinas de planeación o entidades equivalentes en los entes territoriales.
Además, todas las entidades públicas, privadas y las comunidades involucradas en la recuperación tendrían la obligación de cumplir con las orientaciones establecidas para la recuperación postdesastre.
Participación de actores clave
El proyecto resaltaría el papel de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres como coordinadora central del sistema nacional y supervisora del cumplimiento de las directrices. Los consejos nacionales y territoriales para la gestión del riesgo también tendrían un rol fundamental en la elaboración, aprobación y seguimiento de los planes de acción específicos para la recuperación. Asimismo, se enfatizaría la participación activa y organizada de comunidades étnicas, grupos vulnerables y la sociedad civil en el proceso de recuperación.
Consulta pública y participación ciudadana
El proyecto habría sido publicado para comentarios ciudadanos entre el 9 y el 23 de septiembre de 2025, disponible en los portales web del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y de la UNGRD. Durante este periodo, la ciudadanía y demás interesados podrían haber enviado observaciones para enriquecer el contenido del decreto antes de su eventual expedición definitiva.
De esta manera, el proyecto buscaría consolidar un marco normativo robusto para la recuperación postdesastre en Colombia, integrando principios de resiliencia, adaptación al cambio climático y participación comunitaria. Se espera que, con la implementación de estas directrices, las comunidades afectadas puedan recuperarse de manera más rápida, eficiente y sostenible, fortaleciendo su capacidad de enfrentar futuros eventos adversos.
