Propósito general y objetivo del proyecto de resolución

El proyecto de resolución tiene como propósito prorrogar por un término adicional de dos años la duración de las zonas de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables y del medio ambiente declaradas desde 2015. Estas zonas fueron establecidas para conservar ecosistemas estratégicos no representados o insuficientemente representados en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). La prórroga busca mantener la protección temporal de estos territorios mientras avanzan los procesos técnicos y administrativos para su declaratoria definitiva. El objetivo principal es garantizar la conservación de la biodiversidad, la regulación hídrica, la mitigación y adaptación al cambio climático, y el bienestar de las comunidades, mediante la continuidad de las medidas de protección ambiental.

Nuevas disposiciones y ajustes en las zonas protegidas

El proyecto propone mantener vigentes los efectos jurídicos de las zonas de protección en ocho polígonos que conservan sus límites, reducir el área de cinco polígonos y aumentar la extensión de dos polígonos, sumando un total de más de 176.000 hectáreas protegidas. Entre los ajustes relevantes se encuentran:

• La división del polígono original 49 (Microcuenca Río Tona) en dos áreas independientes (49a y 49b), para ajustarse a criterios ecológicos y sociales.
• Reducción de áreas en polígonos como el Cañón Río Lebrija, Andino Pacífica y Bajo Cauca Nechí, debido a transformaciones territoriales y criterios técnicos de conservación.
• Ampliación significativa del polígono Relictos de Caoba de Juradó y Riosucio, reconociendo su valor ecológico y cultural, y la incorporación de nuevas áreas con presencia de caoba.
• Confirmación de polígonos sin superposición con títulos mineros, lo que garantiza la compatibilidad con la protección ambiental.

Medidas específicas y coordinación institucional

El proyecto incluye la actualización cartográfica de las zonas protegidas en formato digital georreferenciado (shapefile) y mantiene la prohibición de otorgar nuevas concesiones mineras en estas áreas, conforme al artículo 3 de la Resolución 1814 de 2015. Asimismo, se establece la comunicación oficial de la resolución a entidades clave como la Agencia Nacional de Minería, el Ministerio de Minas y Energía, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), las Corporaciones Autónomas Regionales, Parques Nacionales Naturales y la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales. Se destaca la coordinación entre el Ministerio y las Corporaciones Autónomas Regionales para la implementación de la ruta de declaratoria, que comprende fases de preparación, aprestamiento y declaratoria, incluyendo estudios técnicos, consultas previas, y procesos de diálogo social con comunidades y actores institucionales.

Impacto esperado y alcance

La prórroga y ajustes en estas zonas de protección ambiental contribuyen a la conservación de ecosistemas estratégicos, la protección de la biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos esenciales para el desarrollo sostenible y el bienestar social. Además, promueve la gestión responsable de los recursos naturales y el cumplimiento de objetivos estratégicos en materia ambiental y cambio climático. La medida asegura la protección temporal mientras se avanza en la formalización de las áreas protegidas, incluyendo la definición de instrumentos de manejo y zonificación, que permitirán compatibilizar la conservación con actividades productivas autorizadas.

Participación de actores clave

El proyecto involucra la colaboración activa entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, la Agencia Nacional de Minería y otras entidades públicas. También contempla el diálogo social con comunidades locales, indígenas y afrodescendientes, quienes participan en la concertación y procesos de consulta previa para asegurar la inclusión de sus territorios y saberes ancestrales en las áreas protegidas. Esta articulación interinstitucional y social es fundamental para avanzar en la declaratoria definitiva de estas zonas y garantizar la gobernanza ambiental en los territorios. --- En conclusión, el proyecto de resolución busca asegurar la continuidad de la protección ambiental en zonas estratégicas mediante la prórroga y ajustes técnicos, fortaleciendo así la gestión integral de los recursos naturales renovables y el medio ambiente en Colombia. Con la implementación de estas medidas, se espera consolidar un modelo de conservación sostenible que armonice la protección ambiental con el desarrollo social y económico, garantizando un futuro más resiliente y sostenible para las generaciones presentes y futuras.