Contexto y tribunal competente
La decisión fue proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado, como recurso de apelación contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Cauca en primera instancia. Esta providencia judicial surge de una acción popular presentada contra la Compañía Energética de Occidente S.A. ESP (CEO), relacionada con la prestación deficiente y discontinuada del servicio público de energía eléctrica en Jambaló, Cauca.
Antecedentes fácticos y procesales
La acción popular fue instaurada denunciando múltiples vulneraciones a derechos colectivos, tales como el acceso continuo y eficiente a los servicios públicos, la seguridad y salubridad pública, la protección de consumidores y usuarios, y el uso adecuado de los espacios públicos. Se motivó en interrupciones diarias y prolongadas del servicio eléctrico, atribuibles a conexiones ilegales y problemas de gestión por parte de la empresa demandada.
En primera instancia, el Tribunal Administrativo del Cauca aprobó un pacto de cumplimiento suscrito entre las partes, que incluía compromisos para mejorar la calidad y continuidad del servicio, y ordenó la conformación de un comité de verificación para supervisar el cumplimiento de la sentencia. Este comité debía incluir representantes del Ministerio Público, la Personería Municipal de Jambaló, autoridades indígenas, delegados de la alcaldía municipal, la empresa prestadora y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Posteriormente, la Superintendencia interpuso recurso de apelación solicitando su exclusión del comité, argumentando que su función se limita a la inspección, vigilancia y control, y no a la verificación directa del cumplimiento del pacto. Por su parte, la Procuraduría General indicó que el comité debe estar presidido por el Magistrado Ponente de la primera instancia.
Consideraciones y fundamentos de la sentencia del Consejo de Estado
El Consejo de Estado recordó que, conforme al artículo 34 de la Ley 472 de 1998, la conformación del comité para verificar el cumplimiento de sentencias en defensa de derechos colectivos debe incluir al juez, las partes, la entidad pública encargada de velar por el derecho o interés colectivo, el Ministerio Público y organizaciones no gubernamentales relacionadas.
La Sala señaló que, aunque la Superintendencia no participa directamente en el cumplimiento de los acuerdos suscritos, es la entidad pública competente para velar por la protección de los derechos colectivos en materia de servicios públicos domiciliarios, en especial en la prestación de energía eléctrica. Por ello, su permanencia en el comité es necesaria para garantizar la inspección, vigilancia y control adecuados.
Adicionalmente, la Sala modificó la sentencia de primera instancia para incluir expresamente al Magistrado Ponente como presidente del comité, en cumplimiento de la jurisprudencia vigente y la normativa aplicable.
Decisión final
El Consejo de Estado ordenó:
- Modificar la sentencia de primera instancia para que el comité de verificación sea presidido por el Magistrado Ponente de la decisión.
- Confirmar la permanencia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios como integrante del comité.
- Confirmar en lo demás la sentencia apelada.
- Devolver el expediente al Tribunal Administrativo del Cauca para los efectos correspondientes.
Este fallo destaca la importancia de contar con un mecanismo integral y participativo para asegurar la efectividad de las sentencias relacionadas con la protección de derechos colectivos, en particular en sectores estratégicos como el suministro de energía eléctrica. La inclusión de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en el comité de verificación refuerza su rol como entidad garante de la calidad y continuidad de los servicios públicos esenciales, contribuyendo así a la protección de los derechos de las comunidades afectadas y al fortalecimiento de la gestión pública en el sector energético.
