Propósito y objetivo principal del proyecto

El proyecto de resolución busca reformar las condiciones de remuneración aplicables a las redes fijas de telecomunicaciones, con el fin de corregir fallas en el mercado derivadas del monopolio natural de los proveedores sobre sus redes de acceso. La iniciativa se orienta a garantizar la eficiencia económica, promover la libre competencia y proteger los derechos de los usuarios, en consonancia con los mandatos constitucionales y legales vigentes. Afecta especialmente a los proveedores de redes y servicios fijos y, de manera indirecta, a los usuarios finales de servicios de voz.

Nuevas disposiciones y mecanismos introducidos

El proyecto modifica el artículo 4.3.2.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016, estableciendo dos esquemas de cargos de acceso para remunerar el uso de las redes en la interconexión de servicios de voz: por minuto (uso) y por capacidad (enlaces E1 o equivalentes). Se actualizan los valores de remuneración a pesos constantes de 2025, con una actualización anual a pesos corrientes a partir de 2026. Una innovación relevante es la incorporación de un mecanismo para gestionar las asimetrías en el tráfico fijo-fijo a nivel nacional bajo el esquema Sender Keeps All (SKA). Cuando el desbalance mensual en una relación bilateral supera un rango de tolerancia absoluto de 530.000 minutos, se activa un mecanismo de compensación en el que las partes deben negociar la forma de equilibrar el volumen excedente. En caso de desacuerdo, se aplicará como mecanismo supletorio el cargo de acceso regulado vigente. Además, se permite a los proveedores acordar esquemas alternativos de remuneración entre ellos, siempre que no superen los topes establecidos y respeten las obligaciones regulatorias. Se establecen también reglas para la elección libre del esquema de cargos por parte de los proveedores que hacen uso de la red fija. El artículo 4.3.2.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016, que regulaba el esquema SKA a nivel municipal e intradepartamental sin mecanismos compensatorios, será derogado para ajustarse a los precedentes judiciales y a la normativa andina.

Medidas específicas y alcance temporal

Las disposiciones del proyecto entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2026, permitiendo un plazo para la transición desde el régimen anterior. El proyecto establece que los cargos de acceso deben reflejar condiciones de mercado actualizadas y promover señales eficientes para el sector. Se contempla asimismo la posibilidad de que los proveedores acuerden períodos mínimos de permanencia para cargos por capacidad, con un límite máximo de un año, para recuperar inversiones en adecuaciones técnicas de interconexión.

Impacto esperado y participación de actores clave

El proyecto tiene un impacto directo en los proveedores de redes y servicios fijos, quienes deberán implementar los nuevos esquemas de remuneración y mecanismos compensatorios para mantener el equilibrio económico en las interconexiones. Se espera que esta regulación fortalezca la competencia en el mercado de telecomunicaciones y contribuya a la protección de los derechos de los usuarios al garantizar condiciones más justas y transparentes. La iniciativa responde a precedentes vinculantes del Consejo de Estado que exigen corregir las asimetrías en el tráfico de interconexión bajo el esquema SKA, evitando distorsiones en el mercado. Asimismo, se alinea con los principios constitucionales de libre competencia, función social de la empresa y protección al consumidor. Para la elaboración del proyecto, la Comisión de Regulación de Comunicaciones llevó a cabo un proceso de participación sectorial y abogacía de la competencia, publicando la propuesta para comentarios públicos y coordinando con la Superintendencia de Industria y Comercio. Se analizaron alternativas regulatorias con base en metodologías de análisis de costos administrativos, seleccionando la opción que minimiza la carga para los proveedores.

Conclusión

El proyecto de resolución representa una actualización integral del régimen de remuneración para redes fijas en Colombia, introduciendo mecanismos que permiten gestionar de forma equilibrada las asimetrías en el tráfico de interconexión y garantizando la continuidad, eficiencia y calidad en la prestación de los servicios de telecomunicaciones. La participación de entes reguladores, operadores y autoridades de competencia en el proceso fortalece la legitimidad y efectividad de esta iniciativa regulatoria, abriendo camino hacia un mercado más competitivo y justo para todos los actores involucrados.