Entidad emisora y contexto normativo
La Resolución 000826 fue expedida el 29 de septiembre de 2025 por la Subdirección de Minería de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), entidad encargada, entre otras funciones, de fijar los precios de los minerales para efectos de la liquidación de regalías. Este acto se enmarca en las facultades conferidas por el numeral 14 del artículo 18 del Decreto 2121 de 2023 y el Decreto 4130 de 2011.
Objeto y destinatarios de la resolución
El tema central de la resolución es la fijación del precio base para la liquidación de las regalías que deben pagar los titulares de concesiones mineras por la explotación de carbón entre el 1° de octubre y el 31 de diciembre de 2025. Este precio base es fundamental para calcular la contraprestación económica que el Estado debe recibir conforme a la Constitución Política y la legislación minera vigente. El destinatario principal son los concesionarios y titulares de títulos mineros que explotan carbón, pues deben aplicar estos precios para liquidar y pagar las regalías correspondientes.
Objetivo y decisiones principales
El objetivo de la resolución es establecer los precios base que servirán para la correcta liquidación de las regalías de carbón durante el último trimestre de 2025. Entre las decisiones más importantes destacan:
- Fijación de precios base específicos para la liquidación de regalías de carbón, aplicables exclusivamente para ese periodo.
- Exclusión de la aplicación de estos precios a aquellos establecidos en contratos vigentes a la fecha de promulgación de la Ley 141 de 1994.
- Incorporación de un soporte técnico que sustenta la metodología y criterios utilizados para la determinación de los precios base.
- Establecimiento de la vigencia temporal del acto administrativo, delimitada al cuarto trimestre de 2025.
Fundamento legal
La resolución se basa en un sólido marco jurídico, que incluye:
- Artículos 334 y 360 de la Constitución Política, que establecen la intervención del Estado en la explotación de recursos naturales no renovables y el derecho a recibir regalías.
- La Ley 685 de 2001 (Código de Minas), especialmente su artículo 227, que regula las regalías derivadas de la explotación minera.
- La Ley 141 de 1994 y sus modificaciones, que establecen las reglas para la liquidación y distribución de regalías.
- Decretos 4130 y 4134 de 2011, que asignan funciones a la UPME y a la Agencia Nacional de Minería (ANM).
- La Ley 2056 de 2020, que regula la organización y funcionamiento del Sistema General de Regalías y determina la metodología para fijar precios base.
- La Resolución ANM 887 de 2014, que establece términos y condiciones para la determinación de precios base aplicables a la liquidación de regalías de carbón.
Modificaciones y vigencia
La resolución mantiene vigente la metodología establecida en la Resolución ANM 887 de 2014, salvo lo relacionado con algunas disposiciones de la Ley 2056 de 2020. Además, establece que los precios fijados son exclusivamente para liquidación de regalías y no deben ser usados como referencia para transacciones comerciales entre particulares. La norma tiene vigencia específica para el periodo comprendido entre el 1° de octubre y el 31 de diciembre de 2025.
Impacto potencial
La determinación periódica y transparente de los precios base para la liquidación de regalías contribuye a fortalecer el Sistema General de Regalías, asegurando que las contraprestaciones económicas reflejen condiciones técnicas y de mercado actualizadas. Esto favorece la sostenibilidad fiscal, la equidad en la distribución de beneficios derivados de la minería y el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los concesionarios. Asimismo, aporta claridad y seguridad jurídica tanto a los agentes del sector minero como a la sociedad en general, respecto al manejo de los recursos naturales no renovables.
En conclusión, la Resolución 000826 de 2025 de la UPME reafirma el compromiso del Estado con la regulación eficiente de los recursos mineros y el adecuado recaudo de regalías, pilares fundamentales para el desarrollo sostenible del sector minero colombiano. Esta medida contribuye a garantizar una gestión transparente y responsable de los recursos naturales, promoviendo un equilibrio entre el aprovechamiento económico y la protección del patrimonio ambiental y social del país.
