Contexto y propósito del Decreto 1053 de 2025

El Ministerio de Defensa Nacional emitió el Decreto 1053 de 2025, el 7 de octubre de 2025, publicado en el Diario Oficial No. 53.267. Este decreto tiene como propósito principal fijar las responsabilidades y procedimientos para la gestión integral del material de guerra entregado por la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), en el contexto del proceso de paz que se adelanta entre el Gobierno nacional y dicho grupo armado. Este acto administrativo responde a un compromiso adquirido en la Mesa de Diálogos de Paz y tiene una relevancia social y política significativa, pues contribuye a la transformación territorial, la seguridad y la garantía del derecho a la paz, conforme a los preceptos constitucionales y legales vigentes.

Medidas y disposiciones específicas

El decreto establece que el procedimiento para el manejo del material de guerra comprende las etapas de alistamiento, recepción, verificación, registro, custodia y destrucción. Estas acciones se basan en un inventario entregado por la CNEB a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz (OCCP), que detalla la cantidad, ubicación, tipo y características del armamento. La Fuerza Pública liderará este proceso, con el acompañamiento técnico y de verificación de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP-OEA). Además, el Ministerio de Defensa Nacional invitará al Procurador General de la Nación para que, en ejercicio de sus funciones de control, acompañe la ejecución del procedimiento. El decreto contempla la emisión de instrucciones específicas para garantizar la adecuada seguridad, registro y custodia del material. Asimismo, prevé la suspensión temporal y microfocalizada de operaciones militares ofensivas y especiales de policía en un área de 25 kilómetros cuadrados alrededor de los puntos destinados para la destrucción del material. El proceso tendrá una duración máxima de tres meses, contados desde la expedición del decreto, y se realizará en los departamentos de Putumayo y Nariño, donde se han seleccionado los lugares para llevar a cabo estas actividades.

Ámbito de aplicación y grupos afectados

El decreto tiene aplicación nacional, aunque se focaliza territorialmente en los departamentos de Putumayo y Nariño. Afecta directamente a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, la Fuerza Pública y las entidades involucradas en la Mesa de Diálogos de Paz, así como a las autoridades de control que participen en el acompañamiento. Cabe destacar que los funcionarios públicos y miembros de la Fuerza Pública que intervengan en este procedimiento están exentos de responsabilidad penal y disciplinaria en razón de su participación, conforme a la Ley 418 de 1997 y sus modificaciones.

Implicaciones para la ciudadanía y entidades

Este decreto constituye un paso fundamental para la implementación de acuerdos de paz y la consolidación de la seguridad territorial. La ciudadanía de las zonas involucradas se verá beneficiada con la reducción del material bélico activo, lo que contribuye a disminuir riesgos y conflictos armados. Las entidades estatales deberán coordinar esfuerzos y recursos para cumplir con las disposiciones, garantizando transparencia, seguridad y respeto a los derechos humanos durante el desarrollo del procedimiento. Además, la participación de organismos internacionales y de control fortalece la confianza en el proceso.

Base legal, vigencia y derogaciones

El decreto se sustenta en múltiples normas constitucionales y legales, incluyendo los artículos 22, 113, 188 y 189 de la Constitución Política, así como las leyes 418 de 1997, 2272 de 2022 y otras relacionadas con el Derecho Internacional Humanitario y procesos de paz. Entró en vigencia desde su publicación el 8 de octubre de 2025 y no modifica ni deroga actos administrativos previos, sino que reglamenta aspectos específicos derivados de acuerdos recientes en la Mesa de Diálogos de Paz. Este decreto representa un marco jurídico claro y detallado para la gestión responsable del material de guerra entregado por la CNEB, fortaleciendo el compromiso del Estado colombiano con la paz y la legalidad. Su implementación efectiva contribuirá a la consolidación de la seguridad y la confianza en el proceso de paz, sentando las bases para una convivencia pacífica y el desarrollo sostenible en las regiones afectadas.