Entidad emisora y contexto normativo

La resolución fue emitida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), máxima autoridad catastral nacional, a través de la Dirección Territorial de Nariño, el 30 de septiembre de 2025, y publicada en el Diario Oficial No. 53.267 el 8 de octubre del mismo año. Este acto administrativo se fundamenta en diversas normas, entre ellas la Ley 14 de 1983, la Ley 1450 de 2011, la Ley 1955 de 2019 y la Ley 2294 de 2023, además de decretos como el 846 de 2021, 1170 de 2015 y 148 de 2020. También se vincula con resoluciones internas del IGAC, específicamente la Resolución 1040 de 2023 y su modificación por la Resolución 746 de 2024.

Objeto y destinatarios de la resolución

El asunto principal de la resolución es ordenar el inicio del proceso de actualización catastral con enfoque multipropósito en la zona urbana del municipio de San Andrés de Tumaco, departamento de Nariño. Este proceso está dirigido a la comunidad y autoridades locales de dicho municipio, así como a las entidades públicas que requieren información actualizada para la gestión territorial. La relevancia de este público radica en la necesidad de contar con datos precisos para la planificación urbana, seguridad jurídica y fortalecimiento fiscal.

Finalidad y alcance del proceso

El propósito de la resolución es iniciar formalmente un proceso que permita identificar, incorporar o rectificar cambios e inconsistencias en la información catastral vigente, la cual no ha sido actualizada desde 2014. La actualización catastral multipropósito implica recoger datos físicos, jurídicos y económicos de los inmuebles, integrándolos con el registro público de propiedad inmueble y otros sistemas de información territorial. Este enfoque multipropósito pretende servir como insumo fundamental para políticas públicas, seguridad jurídica, eficiencia del mercado inmobiliario y ordenamiento territorial.

Decisiones y regulaciones principales

Entre las principales decisiones, la resolución establece que el IGAC, en ausencia de un gestor catastral habilitado en el municipio, asumirá la prestación del servicio público catastral. Además, ordena que las actividades de actualización se realizarán conforme a la normatividad técnica y jurídica vigente, en particular siguiendo los lineamientos de la Resolución IGAC 1040 de 2023 y su modificación de 2024. Se prevé la aplicación de mecanismos diversos para la actualización, como métodos directos, indirectos, declarativos y colaborativos, empleando diferentes fuentes de información. Asimismo, se incluye la obligación de implementar instrumentos de consulta previa, libre e informada, en caso de identificarse la presencia de Pueblos Indígenas y Comunidades Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras, conforme al Decreto 462 de 2025. Finalmente, la resolución dispone la notificación a la alcaldía municipal y a la Superintendencia de Notariado y Registro para que esta última ejerza funciones de inspección, vigilancia y control sobre la gestión catastral.

Base legal y vigencia

La base legal comprende un conjunto amplio de leyes, decretos y resoluciones que regulan la gestión catastral y su actualización con enfoque multipropósito, resaltando el carácter público y la integración digital de la información catastral. La resolución tiene carácter general, es de obligatorio cumplimiento desde su publicación y no admite recursos, conforme al artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

Impacto potencial

Esta actualización catastral permitirá mejorar la confiabilidad y actualidad de la información sobre los inmuebles en San Andrés de Tumaco, facilitando la toma de decisiones en materia de planeación urbana, administración fiscal y seguridad jurídica para los ciudadanos. Además, la implementación del enfoque multipropósito favorece la interoperabilidad de datos y la inclusión de comunidades étnicas en los procesos catastrales, promoviendo una gestión territorial más eficiente y equitativa. En conclusión, la Resolución 52-835-0003-2025 del IGAC marca un paso importante hacia la modernización y fortalecimiento del catastro en San Andrés de Tumaco, garantizando una herramienta clave para el desarrollo sostenible y la justicia social en la región.