Objetivo y estado del proyecto

El proyecto tiene como objetivo central robustecer el Sistema General de Riesgos Laborales, un componente fundamental de la seguridad social que protege a los trabajadores frente a accidentes y enfermedades laborales. Además, busca ampliar la cobertura hacia la población informal y mejorar la administración financiera del sistema. Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa de presentación ante la Cámara de Representantes, iniciando su trámite legislativo, con los siguientes pasos pendientes: discusión en comisiones, votación en plenarias y eventual conciliación.

Contexto y problemáticas que aborda

El Sistema General de Riesgos Laborales, regulado principalmente por el Decreto Ley 1295 de 1994 y la Ley 1562 de 2012, enfrenta retos en cuanto a eficiencia, cobertura y control de recursos. Según datos recientes, existe una brecha significativa entre trabajadores formales e informales en materia de protección frente a riesgos laborales. Además, se identifican deficiencias en la administración de los recursos, especialmente en el porcentaje asignado a gastos administrativos y en la vigilancia de su uso. La norma vigente permite hasta un 23% de la cotización para gastos de administración, cifra que se considera elevada y poco alineada con las necesidades de prevención y atención. Por otra parte, la informalidad laboral limita el acceso a beneficios esenciales, generando desigualdades en protección social.

Contenido clave del proyecto de ley

Entre las principales disposiciones de la iniciativa legislativa, destacan:

• Optimización de gastos administrativos: El Ministerio del Trabajo deberá establecer un límite máximo para los gastos de administración de las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), fijado inicialmente en hasta un 20%, con posibles incrementos adicionales por cobertura geográfica, atención a población de bajos ingresos y actividades de alta siniestralidad.
• Exclusión de costos en recaudos para micro y pequeñas empresas: Se elimina el cobro de costos administrativos para empleadores con menos de 10 trabajadores en el proceso de recaudo a través de la Planilla Única de Liquidación de Aportes (PILA).
• Prohibición de uso indebido de recursos: Se prohíbe financiar con recursos del sistema actividades ajenas a la prevención y control de riesgos laborales, como eventos empresariales no relacionados o publicidad no autorizada.
• Subrogación por culpa grave y dolo: Las ARL podrán reclamar a terceros responsables cuando se compruebe culpa grave o dolo en accidentes laborales cubiertos por el sistema.
• Incentivos por reducción de siniestralidad: Se crean incentivos financieros para ARL que mejoren indicadores de siniestralidad y optimicen gastos administrativos.
• Variación de cotizaciones: Reglamentación para ajustar cotizaciones según indicadores de siniestralidad y cumplimiento de sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo.
• Fortalecimiento de la vigilancia y control: Implantación de informes anuales sobre indicadores de impacto y administración de recursos, con concepto del Ministerio del Trabajo y la Contraloría General, y creación de veedurías ciudadanas para coadyuvar en la vigilancia.
• Creación del Beneficio Solidario por Riesgo Ocupacional (BSRO): Destinado a trabajadores informales beneficiarios de programas sociales, este beneficio ofrece ayuda económica en caso de accidentes o enfermedades laborales, financiado con recursos del Fondo de Riesgos Laborales.
• Fortalecimiento del aseguramiento en vida: Entidades públicas y privadas deberán asociarse con aseguradoras públicas para ampliar coberturas de seguros colectivos e individuales, con énfasis en población vulnerable.
• Suspensión por mora en cotizaciones: Se establece la suspensión de afiliación para trabajadores independientes con mora en pagos, afectando el reconocimiento de prestaciones económicas durante el periodo de suspensión.
• Asunción por la Nación de obligaciones pensionales: La Nación asumirá las obligaciones insolutas y futuras por pensiones derivadas de fallos judiciales no contemplados en los cálculos actuariales, financiadas a través del Fondo de Pensiones Públicas.

Debate y posturas de actores involucrados

El proyecto ha generado opiniones diversas. Desde el sector gubernamental se destaca la necesidad de fortalecer la eficiencia y transparencia en el manejo de recursos del sistema, así como la ampliación de cobertura hacia trabajadores informales. Expertos en seguridad social subrayan la importancia de limitar gastos administrativos para priorizar acciones de prevención y atención. Por otro lado, algunos gremios y administradoras proponen un análisis detallado para no afectar la viabilidad financiera del sistema y evitar impactos negativos en la prestación de servicios. Organizaciones civiles apoyan la creación del BSRO como un avance hacia la inclusión social, aunque señalan la necesidad de definir mecanismos claros de operación y financiamiento.

Comparación con legislaciones similares

En otros países latinoamericanos, se observan esfuerzos por regular los gastos administrativos en sistemas de riesgos laborales y ampliar la cobertura hacia trabajadores informales mediante subsidios o seguros especiales, aunque con variaciones según contexto socioeconómico. La iniciativa colombiana se alinea con tendencias internacionales en materia de eficiencia, control financiero y protección inclusiva, incorporando además mecanismos participativos como las veedurías ciudadanas, que fortalecen la transparencia.

Próximos pasos

El proyecto de ley continuará su trámite legislativo con la discusión en las comisiones económicas y de salud, seguido de la votación en plenarias de Cámara y Senado. Posteriormente, podría entrar en conciliación para unificar textos. Su aprobación implicaría un cambio normativo importante en la gestión de riesgos laborales y protección social en Colombia. Este análisis busca ofrecer una visión clara y objetiva del alcance y contenido del Proyecto de Ley número 294 de 2025, que aún no ha sido aprobado ni promulgado y se encuentra en proceso de debate en el Congreso de la República. Se espera que con su eventual aprobación se logre una mayor inclusión social, mejor administración de recursos y fortalecimiento del sistema de protección frente a riesgos laborales para todos los trabajadores, especialmente aquellos en condiciones informales.