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Proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre la regulación de la portabilidad financiera

Proviene de: Proyectos de Decreto

14 de octubre de 2025 22:9:24

Contexto y antecedentes del proyecto de decreto

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, anunció en junio de 2025 el proyecto de decreto que modificaría el Decreto 2555 de 2010, específicamente en lo relacionado con el esquema de portabilidad financiera. Esta iniciativa se fundamenta en lo establecido en el artículo 94 de la Ley 2294 de 2023, parte del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, que reconoce el derecho del consumidor financiero a solicitar el traslado de productos financieros entre entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. El sistema financiero colombiano ha avanzado notablemente en transformación digital, innovación y competitividad, lo que ha llevado a la inclusión financiera y a la ampliación del acceso a servicios formales. Sin embargo, aún se identifican barreras para que los consumidores puedan ejercer plenamente su derecho a trasladar productos financieros, motivando la necesidad de un marco normativo claro, eficiente y seguro.

Propósito principal y sectores afectados

El propósito general del proyecto de decreto es establecer un marco regulatorio integral para el ejercicio del derecho a la portabilidad financiera dentro del sistema de finanzas abiertas. Este derecho permitirá a los consumidores financieros trasladar sus productos financieros —como créditos de consumo, vivienda, comerciales y leasing habitacional— entre entidades vigiladas, junto con la información general y transaccional asociada a dichos productos. Los sectores afectados son principalmente las entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y los consumidores financieros que acceden a productos de crédito estandarizados. El proyecto busca fomentar la competencia, la protección al consumidor, la transparencia,...

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Este contenido fue escrito con la asistencia de JurIA, la inteligencia artificial de Avance Jurídico.
Además, contó con la revisión del equipo jurídico y del editor.

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