Objetivo y ámbito del proyecto
El Proyecto de Ley 397 de 2025 busca crear un marco normativo integral que promueva el desarrollo sostenible e inclusivo de la economía popular campesina y social solidaria en las zonas rurales de Colombia. Se dirige principalmente a ámbitos sociales, económicos y ambientales, con énfasis en la producción agropecuaria, la comercialización justa, la seguridad alimentaria, la protección social y la sostenibilidad territorial. Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa inicial de trámite tras su radicación en la Cámara de Representantes el 1° de octubre de 2025, y seguirá su discusión en comisiones y plenaria, con plazos y pasos previstos para su debate y eventual aprobación.
Contexto y problemática abordada
La propuesta nace en respuesta a la realidad socioeconómica del sector campesino en Colombia, caracterizado por altos niveles de pobreza multidimensional, desigualdad en el acceso a la tierra, escasez de infraestructura básica, limitaciones en el acceso a crédito y asistencia técnica, y baja formalización laboral. Estos factores han generado una brecha significativa entre las zonas rurales y urbanas, con consecuencias como la migración hacia ciudades y la vulnerabilidad frente a cambios climáticos y crisis económicas. Además, el proyecto atiende la necesidad de cumplir con el mandato constitucional que reconoce al campesinado como sujeto de especial protección y derechos fundamentales, buscando superar la histórica marginalización y promover la equidad con un enfoque de género, territorial y social.
Contenido clave del proyecto
El proyecto está estructurado en ocho capítulos y 33 artículos que contemplan:
- Disposiciones generales: definición de economía campesina, social solidaria y popular, así como conceptos de seguridad y soberanía alimentaria.
- Sistema de información: inclusión del campesinado en censos nacionales, creación de un registro y certificación de población campesina, y realización de estudios territoriales periódicos para fundamentar políticas públicas.
- Planeación: incorporación de objetivos específicos para la economía campesina y social solidaria en planes de desarrollo nacional y territorial, y elaboración de planes rurales alineados con el Acuerdo de Paz.
- Fortalecimiento productivo: programas para mejorar producción agrícola, acceso sostenible al agua, formación técnica especializada, mejoramiento vial rural, asistencia técnica e impulso a la investigación, protección de la diversidad agrícola y garantías de seguridad social para campesinos.
- Transformación productiva: promoción de la agroindustrialización campesina, construcción y mejoramiento de vivienda rural, y desarrollo de servicios ambientales y ecoturismo campesino.
- Comercialización y consumo: estrategias de comercialización justa, compras públicas preferenciales para productos campesinos, promoción del comercio justo, incentivos para el consumo y autoconsumo, creación de un sello de producto campesino, mercados y ferias rurales, y alianzas entre entidades públicas y organizaciones campesinas.
- Financiamiento: líneas especiales de crédito y ahorro, sistemas de aseguramiento agrícola, y fortalecimiento de cooperativas campesinas de ahorro y crédito.
- Asociatividad: registro obligatorio de organizaciones campesinas para facilitar su formalización, fomento de cooperativas y asociaciones solidarias, y cierre de brecha digital en zonas rurales.
Además, el proyecto contempla la creación de un trazador presupuestal para monitorear la inversión pública destinada a la población campesina, garantizando transparencia y eficacia en el gasto.
Impacto potencial y debate legislativo
Este proyecto tiene el potencial de transformar la economía rural colombiana al consolidar un marco que reconozca y proteja los derechos de los campesinos, mejore su acceso a recursos y mercados, y promueva la sostenibilidad ambiental y social. La iniciativa responde a mandatos constitucionales y compromisos internacionales, y busca reducir las desigualdades estructurales en el campo.
En la discusión legislativa, se prevén distintos posicionamientos. Partidos y congresistas que representan sectores rurales y de izquierda suelen apoyar la propuesta por su enfoque integral y de justicia social, mientras que sectores empresariales y algunos grupos políticos podrían cuestionar aspectos relacionados con la implementación, costos y posibles efectos sobre la competitividad agrícola. Organizaciones sociales campesinas, expertos en desarrollo rural y gremios de economía social han expresado su respaldo, destacando la necesidad de políticas públicas orientadas al fortalecimiento del campesinado. Por otro lado, algunos sectores plantean la importancia de evaluar con detenimiento la viabilidad financiera y administrativa de las medidas propuestas.
Comparación con experiencias internacionales
El proyecto se inspira en experiencias exitosas de países latinoamericanos como Bolivia y Ecuador, que han adoptado legislaciones específicas para proteger y promover la economía campesina y solidaria. A diferencia de legislaciones más generales, esta iniciativa colombiana incorpora un enfoque integral, que incluye aspectos técnicos, sociales, económicos y ambientales, y un énfasis en la participación comunitaria y la transparencia presupuestal.
Este Proyecto de Ley 397 de 2025 representa un paso significativo hacia la dignificación y fortalecimiento del campesinado colombiano, alineado con las disposiciones constitucionales y las demandas sociales actuales, en busca de un desarrollo rural sostenible y equitativo. Su eventual aprobación podría marcar un antes y un después en la política rural del país, contribuyendo a la construcción de un campo más justo, productivo y resiliente.
