Propósito general del proyecto de resolución
El proyecto de resolución del ICBF tiene como propósito modificar la Resolución 6300 de 2024, la cual establece el régimen para el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control a cargo del Instituto. La modificación busca ajustar aspectos relacionados con el otorgamiento y reconocimiento de personería jurídica, licencias de funcionamiento y procesos administrativos sancionatorios, con el fin de mejorar la gestión y supervisión de las entidades prestadoras de servicios de protección.
Objetivo principal y beneficios
El objetivo central es optimizar la vigilancia y control sobre las instituciones que ofrecen servicios de protección a la infancia y adolescencia, asegurando el cumplimiento de las condiciones técnicas, legales y éticas establecidas. Se pretende promover la transparencia, integridad y eficacia en la gestión pública, protegiendo los derechos de los niños, niñas, adolescentes y sus familias. Los sectores beneficiados incluyen las instituciones prestadoras de servicios, las autoridades de control y, principalmente, los menores y sus entornos familiares.
Nuevas disposiciones y mecanismos introducidos
El proyecto introduce modificaciones significativas en varios artículos de la Resolución 6300 de 2024, entre las que destacan:
- Requisitos para otorgamiento y reconocimiento de personería jurídica: Se establecen criterios claros sobre los estatutos, representación legal, solvencia moral y técnica, y la inscripción en el Registro Único de Oferentes del ICBF. Se incluye la verificación rigurosa de antecedentes penales, disciplinarios y fiscales de los integrantes de las juntas directivas y personal clave.
- Reconocimiento para grupos étnicos y organizaciones campesinas: Se definen requisitos específicos para estos colectivos, garantizando que su objeto social esté alineado con la prestación de servicios de protección.
- Actualización de información de personas jurídicas: Se establece la obligación de actualizar datos relacionados con reformas estatutarias, representantes legales y órganos directivos ante la oficina correspondiente del ICBF.
- Procedimientos de inspección y vigilancia: Se amplían las formas de iniciar estas acciones, incluyendo denuncias, informes y cualquier medio que brinde credibilidad sobre posibles incumplimientos.
- Comité asesor para inspección, vigilancia y control: Se crea una instancia que orientará estratégicamente la mejora continua en la prestación del servicio, con funciones específicas para analizar resultados, proponer mecanismos de alerta temprana y definir acciones de fortalecimiento o mitigación.
- Procesos administrativos sancionatorios: Se ajustan procedimientos para asegurar su articulación con procesos contractuales, incluyendo la posibilidad de suspensión provisional de la personería jurídica o licencia de funcionamiento como medida cautelar.
Medidas específicas propuestas
Entre las medidas establecidas se destacan:
- La obligación para las instituciones sin personería jurídica o licencia de funcionamiento requerida de regularizar su situación, con notificación a autoridades competentes en caso de incumplimiento.
- La suspensión provisional de personería jurídica o licencia de funcionamiento cuando se evidencien vulneraciones graves a los derechos de los menores durante procesos administrativos.
- La exigencia de contar con bienes o patrimonio adecuados para cumplir con el objeto social y garantizar la prestación de servicios.
- Plazos máximos para que las instituciones actualicen su reconocimiento ante el ICBF, con fecha límite establecida para abril de 2026.
Impacto y alcance potencial
El proyecto está dirigido a fortalecer la protección integral de la niñez y adolescencia en Colombia, promoviendo la calidad, legalidad y transparencia en las entidades que prestan servicios de bienestar familiar. Al establecer criterios rigurosos para la personería jurídica y licencias de funcionamiento, se previenen riesgos de corrupción y se protege el uso adecuado de recursos públicos. Esto favorece la garantía efectiva de los derechos de los niños y jóvenes, así como la confianza en las instituciones involucradas.
Participación de actores clave
La implementación del proyecto involucra a la Oficina de Aseguramiento a la Calidad, la Oficina Asesora Jurídica, la Dirección de Contratación y las Direcciones Regionales del ICBF. Además, contempla la participación de grupos étnicos, organizaciones campesinas y entidades de la sociedad civil que prestan servicios de protección. La ciudadanía también tuvo la oportunidad de presentar comentarios durante el periodo de consulta pública dispuesto en la página web del ICBF.
Este proyecto de resolución se encuentra en fase de consulta y, una vez adoptado, será publicado en el Diario Oficial y en el portal institucional del ICBF para su conocimiento y cumplimiento. Así, se espera contribuir a la mejora continua en la protección de la infancia y adolescencia, garantizando servicios de calidad y respetuosos de los derechos fundamentales de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias en todo el territorio nacional.
