Contexto y referencia normativa

El proyecto de decreto, anunciado recientemente por el Ministerio de Justicia y del Derecho, buscaría adicionar el Capítulo 10 al Título 5 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho. Esta norma complementaría la regulación vigente en materia de administración de bienes rurales que conforman el Fondo para la Reparación de las Víctimas (FRV), incluyendo bienes provenientes del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO). Además, se apoyaría en diversas leyes y decretos, como la Ley 975 de 2005, la Ley 1448 de 2011, la Ley 2294 de 2023 y el Decreto Ley 902 de 2017, entre otras.

Propósito y grupos afectados

El objetivo principal del proyecto sería establecer un marco administrativo y procedimental claro para la conservación, administración y enajenación de los bienes inmuebles rurales del FRV, con especial atención a garantizar la vocación reparadora de dichos bienes en favor de las víctimas del conflicto armado. Los sectores afectados incluirían principalmente a las víctimas del conflicto, la población campesina, y las entidades públicas encargadas de la gestión de tierras y reparación integral.

Modificaciones y medidas específicas propuestas

Entre los cambios relevantes, el proyecto establecería un mecanismo para que la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) coordine con la Agencia Nacional de Tierras (ANT) la administración y enajenación de los bienes rurales. Se plantearía que la UARIV presentaría un inventario de los bienes con vocación reparadora para que la ANT evalúe cuáles podrían ser adquiridos para programas de dotación de tierras o proyectos especiales. Se permitiría la transferencia anticipada de bienes a la ANT para su enajenación temprana, mediante actas que contengan información detallada de los inmuebles. Además, el proyecto establecería que la ANT consignaría a favor de la UARIV al menos el 50% del valor de los inmuebles transferidos, descontando los costos relacionados con la transferencia y saneamiento jurídico. El proyecto también contemplaría condiciones para la enajenación de bienes sometidos a procesos de extinción de dominio, incluyendo la constitución de una reserva técnica del 30% del valor de venta como garantía frente a derechos de terceros de buena fe. Se incluirían disposiciones para la valoración y reconocimiento de mejoras realizadas por terceros y la implementación de estrategias litigiosas para el saneamiento jurídico de los predios.

Participación de actores clave

El proyecto implicaría la colaboración entre la UARIV y la ANT, quienes coordinarían acciones para asegurar la administración adecuada de los bienes y el cumplimiento de la política de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y la Reforma Rural Integral. Asimismo, se contemplaría la supervisión y reporte periódico a las autoridades judiciales competentes para garantizar la transparencia en la gestión de los bienes.

Acceso al proyecto y participación ciudadana

De acuerdo con lo previsto en el Decreto 1081 de 2015, el proyecto de decreto habría sido publicado en el Sistema Único de Consulta Pública de Proyectos Normativos (SUCOP) para recibir observaciones, comentarios y propuestas de la ciudadanía e interesados. Estas contribuciones habrían sido analizadas para la elaboración del texto definitivo. La publicación permitiría que el público general acceda al contenido completo del proyecto y participe en el proceso de discusión normativa.

Disposiciones finales y vigencia

El proyecto indicaría que, una vez expedido, el decreto regiría a partir del día siguiente a su publicación y que se realizarían ajustes progresivos en las operaciones, contratos y convenios de la UARIV y la ANT para asegurar su plena armonización con las nuevas disposiciones. Además, se respetarían los derechos adquiridos y el debido proceso en cada caso. En síntesis, este proyecto buscaría fortalecer la administración de los bienes rurales destinados a la reparación integral de las víctimas, facilitando su disposición eficaz y alineada con las políticas públicas de reforma agraria y reparación en Colombia, contribuyendo así a la consolidación de la paz y la justicia social en el país.