Entidad emisora y contexto normativo
La Resolución 000344, emitida el 9 de octubre de 2025 por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, modifica la Resolución 128 de 2017, a su vez reformada por la Resolución 339 de 2022. Esta normativa se enmarca en un proceso continuo de actualización de la política pública para la gestión del territorio rural con fines agropecuarios, alineada con los mandatos constitucionales y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y desarrollo rural sostenible.
Tema principal y destinatarios
La resolución regula la planificación y gestión del territorio rural para usos agropecuarios, con especial énfasis en la protección y promoción de la agricultura campesina, familiar y comunitaria (ACFC). Los principales destinatarios son las entidades públicas del sector agropecuario, las comunidades campesinas y rurales, así como las organizaciones e instancias de participación en los procesos de ordenamiento territorial y reforma agraria. Este enfoque responde a la relevancia del campesinado como sujeto de derechos y actor clave para la seguridad y soberanía alimentaria nacional.
Objetivo de la resolución
El propósito fundamental es actualizar y armonizar los lineamientos y bases para la gestión del territorio agropecuario, incorporando principios de protección ambiental, equidad en el acceso a la tierra, fortalecimiento de sistemas agroalimentarios locales y garantía del derecho humano a la alimentación adecuada. Además, busca articular los instrumentos de planificación rural con el Sistema Nacional de Reforma Agraria y sus subsistemas, para promover una política integral y coordinada.
Decisiones y regulaciones principales
Entre las disposiciones destacadas, la resolución:
- Adiciona numerales al artículo 4° de la Resolución 128 de 2017 para garantizar la incorporación eficiente de la reforma agraria y la promoción de la ACFC en todos los instrumentos de ordenamiento productivo y social de la propiedad rural.
- Establece la promoción de la soberanía y seguridad alimentaria a través de instrumentos de planificación que fortalezcan la producción local, aseguren acceso sostenible a alimentos inocuos y nutritivos, y reconozcan prácticas agroecológicas y campesinas en armonía con la protección ambiental.
- Incorpora un parágrafo que aclara que las definiciones de la resolución no limitan ni restringen los derechos de dominio, posesión, uso o tenencia de bienes rurales agropecuarios, enfatizando que la normativa busca orientar una planificación sostenible.
- Reconoce expresamente la protección constitucional del campesinado y la agricultura campesina, en atención a su territorialidad, condiciones geográficas y culturales, como base para la soberanía alimentaria.
- Modifica las instancias de participación para incluir y articular consejos y comités municipales y departamentales de reforma agraria y otras instancias sectoriales, fortaleciendo la concertación y coordinación territorial.
Base legal y normatividad relacionada
La resolución se fundamenta en la Constitución Política de Colombia, en especial los artículos 64 y 65 que protegen el campesinado y garantizan el derecho a la alimentación adecuada, así como en leyes nacionales como la Ley 2294 de 2023 (Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026) y la Ley 160 de 1994. También toma en consideración tratados internacionales ratificados por Colombia, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. La jurisprudencia constitucional, particularmente sentencias que reconocen la función social y ecológica de la propiedad rural, también fundamenta la normativa.
Modificaciones y vigencia
La resolución modifica artículos específicos de la Resolución 128 de 2017, adicionando numerales y parágrafos para actualizar el enfoque de ordenamiento territorial agropecuario. Asimismo, armoniza la política sectorial con los principios constitucionales y los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo relacionados con la reforma agraria y el desarrollo rural sostenible. La actualización fortalece la implementación del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (SINRADR).
La resolución entró en vigencia desde su publicación en el Diario Oficial, consolidando un marco normativo que busca equilibrar la protección ambiental, el desarrollo rural y la garantía de derechos fundamentales en el sector agropecuario colombiano.
Impacto potencial
Esta actualización normativa tiene un impacto relevante al promover un enfoque integral y participativo para la gestión rural, que reconoce el papel estratégico del campesinado y las formas de agricultura familiar y comunitaria en la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental. Asimismo, fortalece los mecanismos de planificación y concertación territorial, lo que puede incidir positivamente en la formalización de tierras, la reducción de brechas regionales y la adaptación al cambio climático en el sector agropecuario.
En conclusión, la Resolución 000344 de 2025 representa un avance significativo en la política agropecuaria colombiana, al integrar principios de justicia social, protección ambiental y desarrollo sostenible, garantizando un marco legal robusto para el fortalecimiento de la agricultura campesina y la gestión equitativa del territorio rural. Con esta actualización, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural reafirma su compromiso con la construcción de un campo más justo, productivo y sostenible para todos los colombianos.
