Entidad emisora y contexto normativo

La Resolución Reglamentaria Ejecutiva REG-EJE-0151-2025 fue emitida por la Contraloría General de la República el 23 de octubre de 2025 y publicada en el Diario Oficial No. 53.282. Esta resolución responde a la necesidad de unificar criterios en el ejercicio de la responsabilidad fiscal, el cobro coactivo y la intervención judicial, funciones esenciales asignadas a la entidad en el marco constitucional y legal. La base jurídica incluye la Constitución Política, especialmente los artículos 267 y 268, el Decreto Ley 267 de 2000, la Ley 610 de 2000 y la Ley 1437 de 2011, entre otras disposiciones.

Objeto y destinatarios

El objetivo principal de esta resolución es establecer un procedimiento claro y sistemático para unificar criterios dentro de la Contraloría General de la República respecto a la responsabilidad fiscal, el cobro coactivo y la intervención judicial. Este procedimiento busca resolver problemas jurídicos que surjan cuando existan múltiples soluciones válidas para un mismo caso, garantizando así uniformidad en la toma de decisiones. Los destinatarios principales son los funcionarios de la Contraloría responsables del conocimiento, trámite y decisión de actuaciones relacionadas con estos temas, incluyendo contralores delegados, directores y jefes de unidades especializadas.

Principales decisiones y procedimiento establecido

La resolución designa al Contralor Delegado para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo como la autoridad competente para coordinar la unificación de criterios, en coordinación con la Oficina Jurídica, la Sala Fiscal y Sancionatoria y la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción. El procedimiento es participativo e incluye:

• La presentación de solicitudes de unificación por parte de funcionarios habilitados o la iniciación de oficio.
• La asignación del asunto a funcionarios especializados para su análisis preliminar y validación de requisitos formales.
• El envío de la solicitud a los participantes clave para preparar sus intervenciones.
• La realización de reuniones de análisis para discutir y construir el criterio unificado, donde la Oficina Jurídica verifica la conformidad con normas y jurisprudencia vigentes.
• La elaboración, revisión y ajuste de un proyecto de unificación de criterios.
• La socialización del proyecto para observaciones finales y la convocatoria a mesas de trabajo para la revisión definitiva.
• La emisión del Boletín de Unificación de Criterios, que será vinculante internamente y contendrá la postura mayoritaria, con mecanismos para registrar disensos.

Base legal y efectos

La resolución fundamenta su contenido en las facultades constitucionales conferidas al Contralor General de la República para ejercer la vigilancia y el control fiscal, imponer sanciones, recaudar montos por responsabilidad fiscal y ejercer jurisdicción coactiva. También se apoya en normas que regulan la organización interna y funciones específicas de la Contraloría, así como en principios constitucionales y legales aplicables al debido proceso administrativo y al control fiscal. El Boletín de Unificación de Criterios tiene carácter vinculante para los procesos que integran el macroproceso de responsabilidad fiscal y resarcimiento del daño al patrimonio público. En caso de que un funcionario decida apartarse de un criterio unificado, debe motivar su decisión y remitir la argumentación para evaluar la necesidad de un nuevo pronunciamiento.

Impacto potencial

Esta resolución contribuye a fortalecer la coherencia en la gestión fiscal y la defensa del patrimonio público, al establecer un mecanismo formal para resolver divergencias jurídicas dentro de la entidad. La unificación de criterios permite agilizar trámites, reducir incertidumbre legal y promover la seguridad jurídica tanto para la administración pública como para los particulares involucrados en procesos fiscales. Además, fomenta la colaboración entre diversas dependencias especializadas, optimizando el uso de conocimiento técnico y jurídico. En suma, la reglamentación representa un avance significativo en la organización interna de la Contraloría General de la República, orientado a garantizar una actuación más eficiente, transparente y uniforme en el ejercicio de sus funciones de control fiscal, cobro coactivo e intervención judicial, fortaleciendo así la protección del patrimonio público y la confianza ciudadana en la gestión pública.