Contexto y tribunal competente

La providencia en cuestión fue emitida por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en el marco de una demanda de nulidad contra un decreto expedido por la Presidencia de la República y el Ministerio de Justicia y del Derecho. La demanda fue presentada conforme a lo previsto en el artículo 137 del Código de Procedimientos Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

Antecedentes fácticos y procesales

La demanda cuestiona la legalidad del Decreto 0799 de 9 de julio de 2025, mediante el cual se modificó el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015. La parte actora sostiene que dicho decreto fue expedido sin cumplir con el requisito previo de consulta a la Sala de Consulta y Servicio Civil, y que con la norma se afecta la competencia del Consejo de Estado para conocer las acciones de tutela contra el Presidente de la República, vulnerando el artículo 113 de la Ley 1437 de 2011. En consecuencia, solicitó la nulidad del decreto y la suspensión provisional de sus efectos por medio de una medida cautelar de urgencia.

Consideraciones sobre la medida cautelar de urgencia

El Consejo de Estado recordó que, según el régimen establecido en la Ley 1437 de 2011, las medidas cautelares pueden ser de tipo preventivo, conservativo, anticipativo o suspensivo, y que las de urgencia requieren acreditar, además de los presupuestos para la adopción de la medida, la inminencia del perjuicio para justificar la adopción inmediata sin agotar el trámite ordinario. En este caso, la Sala concluyó que la parte demandante no aportó argumentos ni pruebas suficientes para demostrar la existencia de un perjuicio inminente que justificara la suspensión inmediata del decreto mediante una medida cautelar de urgencia. La controversia planteada se centra en la legalidad del acto administrativo, pero no se evidenció una afectación urgente que impidiera seguir el procedimiento ordinario para la adopción de medidas cautelares.

Decisión y pasos procesales

Por lo tanto, el Consejo de Estado decidió:

• Admitir la demanda de nulidad contra el Decreto 0799 de 2025.
• Rechazar la solicitud de medida cautelar de urgencia que pretendía suspender provisionalmente el decreto.
• Abrir el cuaderno de medidas cautelares para seguir el trámite previsto en el artículo 233 del CPACA, mediante traslado a la entidad demandada para que responda la solicitud de suspensión provisional en el término legal.

Además, se ordenó notificar personalmente la providencia a la Presidencia de la República, al Ministerio de Justicia y del Derecho, y al Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa, así como remitir copia de la demanda y sus anexos a las entidades involucradas.

Implicaciones jurídicas

Esta providencia reafirma el rigor con que el Consejo de Estado aplica los requisitos para medidas cautelares de urgencia, enfatizando la necesidad de demostrar un perjuicio inminente y grave. También pone de relieve la importancia del cumplimiento de los procedimientos administrativos previos para la expedición de actos normativos en el sector Justicia y del Derecho. Por último, confirma la competencia del Consejo de Estado en el control judicial de actos administrativos, aunque reconoce que la materia de tutela contra el Presidente de la República puede estar sujeta a control por otros órganos según la norma cuestionada. Esta decisión será relevante para futuras demandas que cuestionen actos administrativos con impacto en la estructura y competencias de la jurisdicción contencioso administrativa y el ejercicio del control judicial sobre actos del poder ejecutivo, contribuyendo así a la seguridad jurídica y al fortalecimiento del Estado de Derecho.