Contexto y tribunal que decide

La decisión fue proferida por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, instancia encargada de resolver conflictos de competencia entre juzgados de diferentes distritos judiciales. El conflicto enfrentó a dos juzgados civiles municipales: el ubicado en Bogotá y el de Valledupar, Cesar.

Antecedentes fácticos y procesales

Una sociedad comercial presentó una demanda ejecutiva de menor cuantía para reclamar una suma de dinero contenida en un pagaré, incluyendo intereses moratorios. La demanda fue inicialmente radicada en un juzgado de Bogotá, en cuyo escrito se indicó que la competencia se basaba en el “lugar de cumplimiento de las obligaciones”. Sin embargo, el juzgado capitalino rehusó asumir competencia y remitió el proceso al juzgado de Valledupar, argumentando que la competencia territorial debía determinarse por el domicilio del demandado, conforme a la regla general del Código General del Proceso. Por su parte, el juzgado receptor también rehusó asumir competencia, señalando que el demandante había elegido expresamente como criterio el lugar de cumplimiento de la obligación, ubicado en Bogotá. Ante la colisión de competencias, el proceso fue trasladado a la Corte Suprema de Justicia para decidir cuál juzgado era competente.

Consideraciones jurídicas de la providencia

La Corte recordó que, según el artículo 28 del Código General del Proceso, existen dos reglas relevantes para determinar la competencia territorial en procesos derivados de negocios jurídicos o títulos ejecutivos:

• El numeral 1° establece que el juez competente es el del domicilio del demandado.
• El numeral 3° señala que también es competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones pactadas en el negocio jurídico.

Estos dos fueros son concurrentes, lo que significa que el actor puede elegir entre ellos para presentar la demanda. En este caso, la parte demandante optó expresamente por el lugar de cumplimiento de la obligación, reflejado en el pagaré como Bogotá D.C. La Corte enfatizó que esta elección es válida y debe respetarse, salvo que el demandado presente una objeción fundada mediante los mecanismos legales correspondientes. Además, el principio de literalidad de los títulos valores obliga a respetar las estipulaciones expresas contenidas en el documento, incluyendo el lugar pactado para el pago. Por lo tanto, la Sala concluyó que la competencia corresponde al juzgado de Bogotá, que es el juez del lugar de cumplimiento de la obligación, conforme al numeral 3° del artículo 28 del Código General del Proceso.

Decisión y efectos

En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia:

1. Declaró competente al Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Bogotá para conocer del proceso ejecutivo.
2. Ordenó remitir el expediente a dicho juzgado para que continúe con la tramitación del caso.
3. Disposiciones para comunicar esta decisión al juzgado de Valledupar y a la parte demandante.

Esta providencia reafirma la facultad del demandante para elegir el juez competente dentro de los fueros concurrentes en procesos ejecutivos derivados de títulos valores, y reitera el respeto a las estipulaciones contractuales en cuanto al lugar de cumplimiento de las obligaciones. --- Esta resolución aporta claridad a la aplicación del Código General del Proceso en materia de competencia territorial, especialmente en litigios relacionados con títulos ejecutivos, garantizando seguridad jurídica y respeto a la voluntad de las partes. De esta manera, se fortalece la certeza jurídica para las partes involucradas en procesos ejecutivos y se evita la dilación procesal que puede generarse por conflictos de competencia. La Corte Suprema de Justicia continuará vigilando el cumplimiento de estas normas para asegurar la eficiencia y justicia en la administración judicial.