Entidades emisoras y marco normativo
La Resolución número 000356 fue emitida el 22 de octubre de 2025 por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Esta norma sustituye y actualiza disposiciones previas, entre ellas la Resolución 00110A de 2024, y se fundamenta en un amplio marco jurídico nacional e internacional, que incluye la Constitución Política de Colombia, leyes como la 489 de 1998, 1474 de 2011, 2195 de 2022 y 2294 de 2023, además de decretos reglamentarios y acuerdos internacionales como el Acuerdo de Escazú y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Tema principal y destinatarios
La resolución regula la formulación e implementación coordinada de los Programas de Transparencia y Ética Pública (PTEP) y los Programas de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) en las entidades adscritas y vinculadas al Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural. Los destinatarios principales son las entidades públicas y privadas que desarrollan funciones en este sector, incluyendo organismos descentralizados, sociedades de economía mixta, empresas públicas, y personas jurídicas sujetas a inspección, vigilancia o control, así como actores vinculados a la gestión pública del sector. Este enfoque integral responde a la necesidad de garantizar una gestión pública íntegra, transparente y eficiente en un sector clave para la seguridad alimentaria y el desarrollo rural.
Objetivos de la resolución
El objetivo central es establecer medidas que faciliten la articulación interinstitucional, el intercambio de información y la toma de decisiones administrativas para promover la transparencia, la ética pública y empresarial, prevenir la corrupción y fortalecer la integridad institucional dentro del sector. Esto incluye la alineación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción.
Decisiones y regulaciones principales
La resolución dispone acciones concretas para la formulación y aplicación de los PTEP y PTEE, entre las que destacan:
- La obligación para las entidades de remitir el Componente Transversal del PTEP a la Secretaría Técnica del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño antes del 1° de noviembre de 2025, para verificar su adecuación a los lineamientos nacionales.
- La realización de diagnósticos y la formulación de acciones estratégicas para administrar riesgos de corrupción y soborno, con plazo máximo hasta el 31 de diciembre de 2025.
- El diseño e implementación de medidas antisoborno proporcionadas a los riesgos identificados.
- La creación de mecanismos accesibles y confidenciales para la denuncia de posibles actos de corrupción.
- La estandarización de procesos de debida diligencia y la inclusión de acciones estratégicas en los planes de acción institucionales.
- La publicación oportuna y detallada de información relevante, como resultados de auditorías y contratos, garantizando el acceso público y la rendición de cuentas.
- El fortalecimiento de canales de denuncia y la inclusión activa de organizaciones sociales, grupos étnicos y campesinos en la promoción de la transparencia.
- La definición clara de funciones en tres líneas de defensa: ejecución y monitoreo por líderes de procesos, administración por oficinas asesoras, y seguimiento y evaluación por oficinas de control interno.
- La vinculación obligatoria a redes nacionales de observatorios anticorrupción para consolidar esfuerzos sectoriales.
Base legal y modificaciones normativas
La resolución se sustenta en múltiples normas constitucionales, legales y reglamentarias, especialmente en el artículo 208 de la Constitución, la Ley 1474 de 2011 y sus reformas, la Ley 2195 de 2022, y decretos relacionados con la transparencia y la lucha anticorrupción. Además, deroga la Resolución 00110A de 2024 para actualizar el marco institucional sectorial en transparencia y ética pública.
Plazos y seguimiento
Se establecen plazos específicos para la presentación y desarrollo de los programas: el Componente Transversal debe remitirse antes del 1° de noviembre de 2025, y los diagnósticos para el componente programático antes del 31 de diciembre de 2025. Además, se prevé un seguimiento semestral a través del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño, que consolidará informes y emitirá recomendaciones para garantizar la adecuada implementación y ajuste de los programas.
Impacto potencial
Con esta resolución, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural impulsa una gestión pública más transparente y ética en un sector fundamental para la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible. Al fortalecer los mecanismos de prevención y control de la corrupción, promover la participación ciudadana y mejorar la rendición de cuentas, se espera contribuir a una administración pública más eficiente y confiable, incrementando la confianza de la sociedad en las instituciones del sector agropecuario, pesquero y de desarrollo rural. Esta iniciativa representa un paso decisivo hacia la consolidación de un sector más responsable y comprometido con el desarrollo integral del país.
